La próxima semana tendremos el dato definitivo del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2019, y lo más probable es que nos confirme que la economía mexicana estuvo en recesión durante la parte final del año pasado y que debemos marcar en la casilla del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador un tache en materia de crecimiento económico.
Y no habrá manera de echarle la culpa a nadie más. Ni a los neoliberales, porque esos dejaron la economía creciendo, ni al exterior, porque al menos el año pasado el mundo mostraba una situación económicamente estable. Este año es otra historia.
México se ha frenado por las decisiones internas que se han tomado o que se han dejado de asumir. Y si vemos la estructura gubernamental actual, muchas de esas determinaciones corresponden a una sola persona.
Quedará para la historia el error de octubre de 2018, cuando antes de asumir el poder el presidente López Obrador decidió cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Fue una disposición tan arbitraria y sin fundamentos que afectó la confianza de los inversionistas.
Los proyectos de infraestructura del sexenio no despiertan el apetito de los hombres de negocio porque parecen más caprichosos que rentables. El aeropuerto de Santa Lucía no tiene el visto bueno de las autoridades aeronáuticas internacionales, el Tren Maya no tiene una planeación financiera y la refinería de Dos Bocas invierte en un negocio fracasado en el mundo y distrae recursos para el salvamento del negocio central de Pemex que es la extracción de crudo.
Otra ocurrencia va a matar al turismo. El pasado 5 de febrero le pareció al Presidente que pasó como una fecha inadvertida y su conclusión fue que los niños no tienen conciencia de las fechas históricas. Por lo tanto, su decisión fue volver a empatar los días de asueto con esas fechas cívicas.
Si el Presidente lo dice, su gabinete y su oficina de asuntos legislativos en el Congreso lo atiende. Solo que, en medio de esta complicada situación económica del país, la Asociación de Secretarios de Turismo, que agrupa a los titulares de esa materia de los estados de la República, ya le pusieron número a la pérdida que sufrirá el turismo por esta ocurrencia.
Calculan que terminar con los fines de semana largos implicará que los prestadores de servicios turísticos dejen de percibir 21 mil 500 millones de pesos.
Otra ocurrencia, la de rifar el avión presidencial, terminó en la pifia de un sorteo de la Lotería Nacional. Solo que para ello se convocó a un grupo de los empresarios más importantes del país para comprometerlos a comprar boletos. Hoy hay dudas de la legalidad de ese compromiso y del costo que tendrá para el ejecutivo pagar ese favor.
El costo de esas ocurrencias es muy alto para el país. Las certezas que requieren los capitales para invertir pasa por la institucionalización de las decisiones, la pertinencia, la visión de utilidad pública y la planeación de largo plazo.
@campossuarez