Los ministros de finanzas de la Unión Europea añadieron a Panamá, las Seychelles, las Islas Caimán y Palaos a su lista negra de paraísos fiscales, concediendo a Turquía más tiempo para evitar su inclusión, según consta en un documento del bloque publicado el martes.
La lista, creada en 2017 tras la revelación de la existencia de amplias estructuras para la evasión de impuestos, incluye actualmente 12 territorios.
La inclusión de centros financieros como las Islas Caimán y Panamá constituye un cambio para la UE. Las sucesivas revisiones habían dejado en la lista principalmente a islas del Pacífico y el Caribe sin apenas relación financiera con la UE, suscitado críticas por su excesiva indulgencia con los paraísos fiscales.
Los otros territorios incluidos en la lista son Fiyi, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Vanuatu y tres territorios de Estados Unidos: Samoa Estadounidense, Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Quienes figuran en la lista negra se enfrentan al menoscabo de su reputación, a una mayor vigilancia de sus operaciones financieras y al riesgo de perder fondos de la UE.
El archipiélago africano oriental de las Seychelles fue añadido a la lista negra porque tiene un “perjudicial régimen fiscal preferencial”, según el documento.
Panamá, que ya figuraba por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de control mundial, fue sumada también a la de la UE debido a sus insuficiencias en el intercambio de información fiscal. La isla de Palaos, en el Pacífico, fue incluida por razones similares.
Las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar en el mar Caribe, fue incluido porque los fondos de inversión que tienen su sede allí no reflejan la actividad económica real del archipiélago, según el documento. Eso podría dar lugar a que se creen vehículos de inversión con el único fin de reducir el pago de impuestos en otros territorios.
Turquía no facilitó información fiscal de forma automática con todos los estados de la UE, pero se le ha concedido más tiempo para cumplir sus compromisos, ya que ha adoptado cambios legislativos para permitir el intercambio de datos, según señala el documento de la UE, que confirmó la información publicada por Reuters la semana pasada.
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