“A un año de la primera de las 11 denuncias presentadas por el robo de más de mil 69 millones de pesos, necesitamos que haya un acto contundente, que haya responsables y que haya cárcel para quienes le vieron la cara a la sociedad potosina y contra quienes dañaron gravemente a San Luis Potosí”, declaró categórico el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García.

Después de hacer la pregunta: “¿Para cuándo la justicia?”, el funcionario municipal recordó que el Gobierno capitalino ha acompañado, integrado, presentado y documentado estas denuncias ciudadanas, “por todos los recursos que se llevaron a su bolsillo, el grupo corrupto que manejaba la anterior administración. Por eso, necesitamos que haya responsables”.

En el patio central de la Unidad Administrativa Municipal donde se colocaron mamparas informativas, Pérez García reafirmó que la ciudadanía de San Luis Potosí sí tiene memoria, de ahí la transcendencia de continuar con el combate contra el binomio corrupción-impunidad. A la par, dijo que se avanza en el seguimiento y el diálogo con las autoridades competentes, “pero también es el momento de que las dependencias encargadas de impartir justicia recuperen la confianza de la población con acciones concretas y contundentes”.

De las 11 denuncias hasta el momento presentadas, ante la Fiscalía General de la República se interpusieron seis: la del Camino a la Presa por la violación a la suspensión de un amparo, debido a la modificación del uso de suelo de 40 mil metros cuadrados para construir departamentos propiedad de un ex funcionario; por presunta defraudación fiscal por retención al personal del ISTP, por más de 267.6 millones de pesos –mdp-, pero que nunca se pagaron al SAT.

Por peculado, por la fallida modernización de avenida Fray Diego de la Magdalena, por más de 112.9 mdp, debido a la contratación indebida de tres empresas, las que a su vez sub-contrataron a 15 más; hubo pago anticipado, pero no se realizó la obra ni se devolvió el dinero; el caso de caso Sandra “N”, por más de 42.8 mdp, por contratos para adquisición de medicamentos, pero no hay evidencia de su entrega, de ahí que también se presume peculado.

Ante esa dependencia también destaca el desvío del subsidio FORTASEG, por más de 8.3 mdp, los que se invirtieron para la compra de 40 mil ollas; así como la contratación de una empresa que factura operaciones simuladas –EFOS-, por más de 4.7 mdp, a la que se pagaron servicios y materiales fantasmas.

Y en la Fiscalía General del Estado se interpusieron cinco más: por el caso de Camino a la Presa, por más de 408 mdp, debido al uso ilícito de atribuciones y facultades del ex alcade y algunos ex regidores que aprobaron el cambio de uso de suelo; por la Nómina Maestra ya que durante más de 2 años se simuló pago a un trabajador fantasma por más de 62.2 mdp.

También sobresalen las relacionadas con el INTERAPAS, por el Servicio Médico que implican más de 152.6 mdp, por indebidos contratos, además de pagar sobreprecios; por falsa recuperación de impuestos, por más de 3.9 mdp, para lo cual se contrató a una empresa de Morelos y se le pagó con los impuestos recuperados; así como la falsa recuperación de cartera vencida por más de 6.1 mdp, debido a la simulación en el aumento de la recaudación por recuperación de adeudos de morosos.

Finalmente, se dio a conocer que con esos más de mil 69 millones robados se hubieran podido realizar: mil techos escolares; ó 178 centros deportivos todos equipados; ó más de 213 mil luminarias; ó más de un millón de metros cuadrados de bacheo con concreto hidráulico; ó más de 2 mil 300 nuevas patrullas; ó 89 nuevos pozos totalmente equipados ó se hubiera beneficiado a más de 237 mil personas con programas sociales.

 

damg