Detectaron anomalías en 21 universidades por 4 mil 425 mdp
Al menos 4 mil 425 millones de pesos no han podido ser solventados por 21 universidades públicas en el marco de las auditorías realizadas a los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; siendo el común denominador, el pago de “aviadores”.
Las universidades de Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Guadalajara son las que tienen más recursos pendientes por comprobar, de acuerdo al informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2018.
Los resultados de la auditoria a la Universidad Autónoma de Chihuahua reflejan que incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Servicios personales, por un importe de 823 millones 19 mil pesos; toda vez que no acreditó “la trazabilidad de los recursos del subsidio para el pago de la nómina, así como la documentación e integración de la información que acredite el pago de las plazas, categorías, sueldos, así como prestaciones no ligadas al salario con recursos federales del subsidio”.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no solventó, al día de la presentación del informe 729 millones de pesos. Lo anterior, debido que no se encontró comprobantes por el pago de remuneraciones en exceso a las autorizadas, se contrataron servicios profesionales de seguridad, vigilancia y protección sin acreditar la plantilla total de los elementos, ni sus respectivas bitácoras de actividades.
Tampoco pudo acreditar la documentación del destino de casi 17 millones de pesos a un fideicomiso denominado Plan de Beneficios Sociales Múltiples; no registró la compra de mobiliario y equipo de cómputo y pagó y salarios a 10 funcionarios que “no acreditaron el perfil bajo el cual cobraron en el ejercicio fiscal 2018”.
La Universidad Benito Juárez de Oaxaca, no ha solventado 502 millones 673 mil pesos. De acuerdo con la ASF el pendiente por aclarar está relacionado con el pago de remuneraciones a servidores públicos por concepto de sueldos, prestaciones, falta de documentación, pagos de terceros institucionales (ISR, Infonavit, IMSS), los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2017 y por sobre sueldos.
La ASF encontró irregularidades por 449 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, toda vez que no se comprobaron gastos de servicios personales y recursos no ejercidos mismos que no fueron reintegrados a la TESOFE.
En el caso de la Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad de Guadalajara, la Auditoría detectó que 219 millones de pesos asignados a servicios personales, se destinaron sin la autorización del Consejo Universitario ni de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, además se destinaron más de 100 millones de pesos al pago de Bienes, Muebles e Inmuebles e Intangibles y por Inversión Pública los cuales no se encuentran autorizados. Además de detectar pagos a trabajadores sin contrato o con licencia (aviadores).
Otras de las universidades donde se detectaron “aviadores” son la Autónoma de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Durango, Colima, Guanajuato, Quintana Roo y Sonora.
La Universidad de Nayarit, hizo donaciones por cinco millones de pesos a una federación de estudiantes; mientras que la Universidad de Chiapas destinó 4.5 millones de pesos “para el pago de hospedaje del equipo de futbol profesional Ocelotes”.
Autonomía universitaria, en riesgo en los estados
La autonomía de diversas universidades públicas del país se encuentra en riesgo ante el intento por modificar sus Leyes Orgánicas desde los Congresos locales, advirtió el investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, David Romero.
En entrevista, señaló que en los estados de Nayarit, Colima y Sinaloa se han modificado las leyes orgánicas de estas instituciones, ante las propuestas de los congresos estatales, “lo vemos como un ataque sistemático a diferentes niveles contra la estructura de las diferentes universidades públicas”.
Dijo que perciben una intentona del gobierno a inmiscuirse en la vida interna de las Universidades públicas, por lo que advirtió que no lo dejarán pasar.
LEG