Por: Nancy Camacho
En su tercera entrega del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cuenta con un manejo razonable de los recursos federales recibidos.
Señaló que el dinero, transferido durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de subsidios para organismos descentralizados estatales, fueron por cuatro mil 146 millones 718.3 mil pesos, de los cuales se revisó una muestra de tres mil 429 millones 805.7 mil pesos que representó 82.7% de los recursos del subsidio.
En total se determinaron 34 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y diez fueron solventados por la universidad antes de la emisión del informe.
De acuerdo con la transferencia de recursos, la BUAP abrió una cuenta bancaria productiva para recibir y administrar los recursos del subsidio federal, y dos más para los recursos extraordinarios no regularizables 2018; asimismo, utilizó cinco cuentas de inversión para los recursos ordinarios y extraordinarios.
“La secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno de Puebla (SPF) registró contable y presupuestariamente los ingresos de los recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2018 por cuatro mil 146 millones 718.3 mil pesos y los rendimientos financieros generados por 240.7 mil pesos al 31 de marzo de 2019, asimismo, se constató que la información contable formulada sobre los recursos del subsidio es coincidente, está actualizada e identificada”, señala el informe.
La ASF analizó el control interno instrumentado por la máxima casa de estudios de Puebla, los resultados más relevantes de la evaluación arrojaron fortalezas en la gestión.
Entre éstas destacan que la BUAP contó con normas generales en materia de control interno, estableció formalmente lineamientos de códigos de conducta y ética para todo el personal, que fueron difundidos por medio de capacitación y página de internet.
Instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta mediante la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Asimismo, la ASF indicó que tras una revisión a una muestra de 150 servidores públicos de la universidad, se verificó que el personal acreditó la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2018.
LEG