@osdtagle
La discusión sobre las reglas que habrán de establecer el marco legal para la producción y consumo de cannabis con fines medicinales y de recreación es, además de un asunto que a todos los mexicanos nos concierne, un pendiente del Poder Legislativo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el próximo 30 de abril para que los legisladores entreguen al país esa norma, por lo que los senadores, cámara que tendrá que elaborar el dictamen, deben apresurar el paso a fin de que todos los ángulos y escenarios sean analizados, y que lo que se apruebe se ajuste a la realidad por la que atraviesa el país (inseguridad, violencia, capacidad para atender las adicciones, entre muchos otros factores).
Ayer, el Senado anunció el arranque de la discusión, tema que previamente habría abordado el presidente López Obrador en su conferencia matutina, y en dónde se pronunció únicamente por la legalización del uso con fines médicos: “Pero no estamos pensando nosotros ahora en una medida así. Sólo con propósitos médicos, sólo con propósitos de salud”, subrayó.
Al mediodía de ayer, puntuales a la convocatoria de las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, los senadores acudieron a presentar sus dudas y propuestas sobre el “dictamen” en la materia.
Una de las preocupaciones que en su mayoría externaron, es la capacidad del Estado, y en específico, del Sistema de Salud para atender las adicciones ante un posible aumento en el consumo de la población joven.
Desde todos los partidos políticos se pidieron explicaciones, estadísticas o información de la experiencia registrada en los países que legalizaron el consumo para entretenimiento. Obviamente, las posturas no fueron coincidentes, situación propia de un tema controversial en el que se manifiestan las necesidades y circunstancias que prevalecen en cada entidad federativa ante los distintos niveles de violencia, adicciones o trasiego de marihuana ilegal.
El debate fue interesante hasta que se reveló su nula consecuencia. El dictamen entregado a los asistentes, se les informó en el momento, era un “predictamen” (habrá que preguntar a los presidentes de las comisiones si ese término está contemplado en la Ley, pues no hay registro de él en ningún reglamento), y el texto sobre el que se deben hacer las propuestas y modificaciones, pues se los van a “circular” (usando el “argót legislativo”) en los próximos días.
Es decir, sin mayor responsabilidad o sentido del deber, se citó a una discusión sobre un documento que no se entregó a nadie, que nadie conoce y que se prevé dar a conocer en los próximos días, pues tampoco se estableció una fecha específica para ello.
Los senadores hablaron durante tres horas con base a un texto que sí es, pero no es el definitivo, a un dictamen, que no es el dictamen.
Después de varias quejas, con razones justificadas, el único acuerdo al que se llegó en el “arranque de la discusión para la legalización de la marihuana”, es que el próximo miércoles, ahora sí, se debatirá con base a un documento real y específico.
En ese sentido, habrá que preguntar si fue “el arranque de la discusión” o la “postergación del debate”, todo depende del cristal con que se vea.