Siempre presto para obtener de la coyuntura un beneficio político, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprovechó la ola de indignación que azota al país por los feminicidios para sacar del baúl de los (malos) recuerdos una vieja iniciativa tendiente a restablecer la pena de muerte.
Dicho partido, con el apoyo de un puñado de legisladores de Morena y del presidente del PRI, Alejandro Moreno, pretende introducir en el debate la necesidad de aplicar esta medida para combatir los homicidios en contra de mujeres por motivos de género. El argumento de la propuesta es que el aumentar las penas “no ha resultado una solución efectiva para inhibir la comisión de crímenes de alta crueldad”.
A simple vista, con el enojo que provocan los feminicidios y sin un debate serio de por medio, la iniciativa podría resultar atractiva: ¡Muerte a los asesinos de mujeres!
Sin embargo, el fondo del asunto requiere de un análisis más razonado. En febrero de 2019, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados estableció en el análisis La pena de muerte. Un panorama generalque, distintos estudios en la materia, demuestran que elevar las penas “no inhibe la conducta delictiva del criminal, pues éstos asumen este costo como un riesgo inherente a su propia actividad delictiva”.
Es altamente probable que los legisladores ignoren que nuestro país, además de jugar un papel activo en foros multilaterales en contra de la pena de muerte, suscribió instrumentos ante organismos que imposibilitan la adopción de esta medida, que, en 2005, fue eliminada de la Constitución.
México ratificó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, que señala que “los Estados Partes no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”. Esto nos imposibilita a realizar modificaciones al marco legislativo.
Nuestro país ha sido un férreo crítico de la aplicación de esta medida. Ejemplo de ello ha sido la defensa de nuestros connacionales sentenciados a la pena capital en otras naciones. Basta recordar las exitosas gestiones de nuestra diplomacia en el famoso caso Avena, en el que México ganó, en 2004, en la Corte Internacional de Justicia a Estados Unidos una controversia por 54 mexicanos condenados a muerte en la Unión Americana y cuyo derecho a la asistencia consular, prevista en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, fue violada.
Más allá del oportunismo político, los legisladores deberían de tomar en cuenta las posiciones de Estado que nuestro país ha adoptado a nivel global para evitar que sus iniciativas queden en el anecdotario.
Segundo tercio. En pleno debate sobre el outsourcing, surge un dato interesante y que refleja el beneficio que este esquema trae para diversos sectores de la sociedad. Cuatro de cada diez personas que laboran bajo este modelo, son mujeres. De ellas, 33%, es decir poco más de un millón, son madres solteras.
Tercer tercio. Más de 7.5 millones de empleados esperan que fracasen los intentos del Senador Napoleón Gómez Urrutia de hacer una reforma a modo en el sector de la subcontratación.
@EdelRio70