El tema de la marcha y el paro femenino el domingo y lunes próximos se convirtieron en un grito de queja contra la inseguridad y en un posicionamiento gubernamental contra las movilizaciones de las mujeres.
Las autoridades federales tuvieron en estos días muchas oportunidades para desmontar las motivaciones feministas con la aplicación de las leyes, pero al parece hubo la decisión de no ceder en feminicidios para no darle la razón a las feministas.
Pero detrás de la marcha y paro se localiza el grito de rabia de las mujeres a las que están atacando y las están lastimando o matando: 0.05% de feminicidios sobre cifras nacionales de homicidios, pero 33% de agresiones violentas contra las mujeres.
El Gobierno federal tiene instrumentos jurídicos y de seguridad para atender demanda contra los feminicidios, pero se negó a implementarlos. La respuesta oficial fue de manera simple no ceder a las presiones de género, cuando los datos de violencia contra las mujeres sean responsabilidad de la estrategia de seguridad.
La tensión dinámica entre el Gobierno masculino y los colectivos feministas se va a resolver el lunes con el costo productivo por el paro de mujeres y la configuración de un poder femenino que representa la mayoría de la población y del electorado.
Sea cual sea el resultado, la negativa gubernamental a mover los dispositivos de seguridad que existen en las leyes para no responder a las exigencias feministas sentará una brecha de disenso importante que podría pagarse en las urnas en las elecciones legislativas del próximo año.
Al no haber respuestas de seguridad, las calles quedarán de manera recurrente como el espacio de movilización creciente y violenta ante la falta de aplicación de los dispositivos y mecanismos de seguridad para asegurarle a las mujeres, como lo decreta la ley, una vida sin violencia.
Y como los feminicidios y las agresiones contra las mujeres seguirán, entonces las protestas hervirán las calles con la violencia feminista de repudio al machismo policiaco.
Zona Zero
- Existen indicios de que EU podría estar reabriendo el expediente del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar que fue asesinado en febrero de 1985 por el cártel de Caro Quintero y Don Neto Fonseca, pero con un expediente que involucró responsabilidad gubernamental federal. Y por ahí podrían venir las presiones de EU, pues funcionarios de ese entonces forman parte del gobierno de la 4T.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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