El Congreso de la Ciudad de México determinó hoy que no era urgente solicitar un informe detallado sobre el accidente ocurrido en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro la semana pasada, en el que una persona murió y hubo 41 lesionados.
El punto de acuerdo que solicitaba copia de la información contenida de la caja negra de los vagones impactados, las grabaciones del momento del choque y las fotografías de los tableros, y promovido por el legislador Jorge Gaviño, fue turnado hoy a la Comisión de Movilidad Sustentable para su revisión.
En la sesión anterior del jueves 12 de marzo, la propuesta de Gaviño Ambriz, junto a la petición del diputado panista Mauricio Tabe para llamar a comparecer a Florencia Serranía Soto, directora General de STC fue motivo para que los diputados de oposición reventaran la sesión.
El documento, remitido a la Comisión de Movilidad Sustentable, demanda el reporte extraído de la caja negra de los dos trenes durante su recorrido, con la interpretación de la Subdirección General de Mantenimiento.
También requiere la grabación de la comunicación del regulador de tráfico de la Línea 1 con los dos conductores de los trenes colapsados, desde tres minutos antes del incidente hasta un minuto después, así como la grabación del ambiente del puesto central de control donde se escuchen las instrucciones y los comentarios del personal responsable del tráfico de trenes y del jefe de reguladores en turno.
Otra de las demandas formuladas son las fotografías del tablero que muestre los avances de ambos trenes desde la terminal hasta el momento del colapso, con la debida interpretación de la Subdirección General de Operación, así como la grabación del sistema de videocámaras correspondientes del mismo trayecto.
El punto de acuerdo solicita también un informe detallado del mantenimiento de las unidades colapsadas, como las condiciones del frenado de urgencias, las zapatas del frenado, el sistema de aire comprimido y tubería de equilibrio.
“Sé, por la prensa, que el Sistema de Transporte Colectivo pidió a una empresa alemana, TÜV Rheinland, que es una certificadora internacional de un prestigio importante a nivel mundial, hiciera el estudio, hiciera un dictamen de lo acontecido”, señaló Gaviño Ambriz en tribuna.
Sin embargo, añadió, se trata de una empresa particular, “que es contratada por una empresa pública del Estado, de tal suerte que no tiene ninguna validez desde el punto de vista legal más que la que se le quiera dar por parte de la Fiscalía que está también investigando este asunto”.
cs