Tras conocerse el resultado de la consulta ciudadana, cuyo voto fue en contra de la construcción de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, con una inversión de mil 400 millones de dólares, representantes del sector privado protestaron al considerar que se “vulnera el Estado de derecho y la certidumbre jurídica”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, opinó que “un puñado de personas no puede decidir el futuro de una inversión de miles de millones de dólares”.

Y es que este fin de semana, 36 mil 781 personas salieron a votar, de ellas, ocho mil 547 lo hicieron en favor y 27 mil 973 lo hicieron en contra, con un total de 261 sufragios nulos.

Así la planta cervecera Constellation Brands de Grupo Modelo, que fue aprobada en 2016 en la pasada administración federal en el Ejido El Choropo de la ciudad fronteriza y que permitiría surtir al estado de California en Estados Unidos, fue rechazada por la población con el argumento de que no quieren desabasto de agua.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que a los empresarios que tenían ese proyecto se les debe explicar que se tiene que respetar la decisión de las personas que votaron.

“Ellos van a entender, cuando hay un resultado así pues es evidente de que no hay acuerdo, si hubiera resultado más parejo o hubiese participado menos gente, pero es bastante la participación y tenemos que escuchar a la gente y gobernar con el mandato popular”, afirmó.

No obstante, advierte la Coparmex, el principal responsable de mantener y fortalecer el Estado de derecho es el gobierno, y en este caso, “con la consulta popular sobre Constellation Brands no ha respetado la aplicación del marco legal vigente, ni ha trabajado por lograr una vida con mejores oportunidades para las familias mexicalenses”.

En comunicados por separado a lo largo del fin de semana, en que se llevó a cabo la consulta, los empresarios mexicanos “rechazaron tajantemente” la votación sobre un proyecto que contaba con todos los permisos correspondientes.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reiteró que la consulta “es violatoria del marco legal vigente, y genera un entorno de incertidumbre jurídica en México, estableciendo una grave señal negativa para la inversión tanto nacional como extranjera”.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, dijo a su vez que la “consulta es inconstitucional”, por lo que resulta doblemente grave e inaceptable al practicarse con un proyecto que había satisfecho todos los procedimientos.

“Sin inversión privada no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleos”, señaló el dirigente, quien alertó: “Alguien tiene que decirles que esto es exactamente lo contrario a lo que debe hacerse para generar confianza, madre de la inversión privada, especialmente importante en este contexto de crisis”.

 

cs