Primero un dato:
Las oficinas de las dependencias federales en los estados no respetaron ayer el decreto presidencial de suspensión de actividades.
O desobedecieron o no entendieron.
Porque para muchos encargados y burócratas no quedaba claro cuáles servicios deberían permanecer y cuáles podrían cancelarse en la emergencia.
Ese fue el primer efecto.
El segundo fue la insuficiente coordinación con las autoridades locales, estados y municipios, para saber cómo se repartían obligaciones.
El tercero se refiere a los gobiernos estatales y municipales:
No les resulta fácil negociar con los demás sectores sociales para cerrar u operar estrategias cuando inciden tantos asuntos federales.
Por ejemplo, si los empresarios piden reducción de impuestos o incentivos para esta emergencia nacional, gobernadores y alcaldes no saben cuánto ofrecer.
Porque, ya lo hemos visto del noreste a sureste -de Claudia Pavlovich (Sonora) a Carlos Joaquín (Quintana Roo)- y de sur a norte: Alejandro Murat (Oaxaca) a Jaime Rodríguez (Nuevo León).
Y por supuesto se pasa por el centro –Francisco Domínguez (Querétaro), Silvano Aureoles (Michoacán), Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí), Martín Orozco (Aguascalientes)- a occidente: Enrique Alfaro (Jalisco).
Ante el vacío federal, frase de Alfaro, cada estado su estrategia.
MEDALLAS PARA LA FEDERACIÓN
Los gobernadores lidian con sus problemas.
Carlos Joaquín en turismo, Juan Manuel Carreras en incremento de infectados, Enrique Alfaro con su programa único de detección inmediata, Jaime Bonilla con la invasión californiana…
Debe ser difícil inventar tanto contagio cuando se tiene la frontera más transitada del mundo y en California hay aislamiento total desde la semana pasada para millones.
Y así.
Pero hay otros datos.
En aras de proteger a los consumidores en todos lados, se gestionan por igual prórroga de impuestos y facturación de empresas públicas –eléctricas: Joaquín negocia hasta evitar apagones de la CFE de Manuel Bartlett- hasta privadas.
Un ejemplo simple:
Algunos gobernadores han escuchado a sus mandados, quienes les piden evitar cancelación de servicios telefónicos (Telmex) o de telecomunicaciones.
Varios de ellos han hablado con esas empresas –Total Play, Izzi, Sky, etcétera- y se topan con un problema:
El Ifetel, como los bancos, pretende un acuerdo nacional para acreditarlo al Gobierno federal.
¿Instrucción de ya saben quién?
Eso dicen.
Ay, el afán de lucimiento personal.
Y ni para qué hablar de prórroga en cobros de cuotas obrero-patronales -IMSS, Infonavit- o deducciones ante el SAT.
El jefe manda.
UNA CRISIS PARA GOBERNADORES
Con lo visto hasta ahora, queda claro:
El costo de la crisis económica derivada del coronavirus ha sido cargada a los estados y sus gobernadores.
Ellos son quienes padecen las consecuencias.
Uno con mil 200 millones –Juan Manuel Carrera, San Luis Potosí-, otro con dos mil 900 millones Alfredo del Mazo, Edomex y los demás según sus posibilidades.
Quien rebasó las expectativa fue la sonorense Claudia Pavlovich, cuyo decreto otorga 500 millones de pesos a cada dependencia amén de aumentos al sector sanitario.
Será una práctica neoliberal a juicio de ya saben quién, pero sólo los mandatarios estatales saben las consecuencias de evitar incentivos ante la situación actual.
Y, peor aún, la esperada.