El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que “antes de hacer oficial” la ley que aprobó la víspera para dar un apoyo mensual a 54 millones de trabajadores informales, el Congreso debe garantizar que el gasto adicional que su gobierno realizará es “legal”.
El presidente detalló que la ley que sancionó este miércoles, para paliar la crisis económica por el COVID-19, aún no tiene validez oficial, pues aseguró que el Congreso debe respaldar la creación de “nuevos gastos” y señalar las fuentes de dónde vendrán los 98 mil millones de reales que se usarán para este programa social.
Aunque dicho documento fue aprobado por el Congreso, para posteriormente ser aprobado por el mandatario, Bolsonaro envió este jueves una medida provisional al legislativo para que garantice la legalidad del gasto, “porque el dinero saldrá de las arcas del gobierno”.
“Firme ayer (1 de abril), estaba esperando otra medida provisional, porque no tiene sentido dar un cheque sin fondos. También hay que tener el crédito”, dijo.
Sin embargo, la cadena de televisión Globo TV apunta que en “estado de calamidad”, solicitado por el gobierno de Bolsonaro y aprobado por el Congreso, se permite la aplicación de gastos adicionales; además, el ministro del Tribunal Federal Supremo, Alexandre de Moraes, ha declarado que en la situación actual los gastos son legales.
Hasta el momento la medida lleva varias semanas en espera de ser ratificada oficialmente en el Diario Oficial de la Unión, en un inicio el gobierno había informado que los trabajadores sin ingresos fijos recibirían 200 reales, posteriormente anunciaron que serían 600. El presidente ha declarado que aunque “el tema está en pleno apogeo, la próxima semana se comienzan los pagos”.
Globo destaca que el economista y profesor de IDP, José Roberto Afonso, uno de los creados del Ley de Responsabilidad Fiscal, aseguró que el gobierno de Bolsonaro “no puede seguir haciendo nuevas preguntas, pidiendo nuevas respuestas para justificar su falta de acción, porque el Congreso aprobó todo lo que debía, al igual que la Corte Suprema”.
EFVE