El Grupo Plural de Trabajo en el Senado para el seguimiento de la pandemia de coronavirus COVID-19, planteó la promulgación de una Ley de Emergencia y 18 puntos en Salud y Economía para mitigar los efectos entre la población por la crisis sanitaria.
Los legisladores consideraron que ante la emergencia que se vive, hoy más que nunca es necesaria la promulgación de una Ley de Emergencia que dé marco jurídico sólido a la actuación del gobierno federal, así como certeza jurídica y transparencia a las y los gobernados.
Dicha normativa, añadieron, debe contar “con la participación de todos los sectores productivos del país para enfrentar de la mejor forma lo relativo a salud, economía, seguridad, bienestar y desarrollo social. Una ley que permita garantizar la salida resiliente de nuestro país durante y después de la pandemia”.
El grupo que se integró con autorización del pleno, planteó inicialmente una conferencia de prensa en la sede de la Cámara Alta, pero no hubo las condiciones de sanitización para llevarla a cabo, por lo que se realizó de manera virtual su primera reunión semanal.
Los asistentes al encuentro fueron los panistas Alejandra Reynoso Sánchez y Roberto Moya Clemente, la priista Nuvia Mayorga Delgado; José Ramón Enríquez Herrera, de Movimiento Ciudadano, y Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática.
En materia de salud, el Grupo Plural planteó al gobierno federal incrementar las pruebas de diagnóstico del COVID-19 en todo el país; garantizar la protección total a personal de salud; convocar a los titulares del Consejo de Salubridad General, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para entablar el diálogo con el grupo de seguimiento que ha sido aprobado por el pleno del Senado.
Solicitar a la Secretaría de Salud remita un informe detallado sobre las capacidades institucionales, hospitalarias, humanas, materiales y financieras para atender la crisis en salubridad ante la pandemia del COVID-19 en cada una de las entidades federativas.
Solicitar a la Secretaría de Salud remita un informe detallado sobre las capacidades institucionales, hospitalarias, humanas, materiales y financieras para atender la crisis en salubridad ante el COVID-19 en cada una de las entidades federativas.
En lo que se refiere a la economía, plantearon apoyar a las entidades federativas con recursos extraordinarios inmediatos para dar atención a la pandemia, por tratarse de un riesgo que afecta a toda la Nación.
“En particular, llamamos a establecer estrategias específicas para hacer frente a la contingencia de salubridad en el ámbito de los Sistemas Estatales de Salud, toda vez que las entidades federativas tienen necesidades distintas”, explicaron.
Garantizar la entrega de un bono económico y alternativas (guarderías, becas y alimentación), para que las hijas e hijos de quienes atienden el primer frente de la contingencia, como son el personal médico y de enfermería, así como personal indispensable como el de limpia, transporte y seguridad, para que puedan estar tranquilos durante el tiempo que éstos atienden sus labores.
Diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del Ejercicio 2019, tanto para personas físicas como morales y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia.
Diferir el pago de las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los próximos tres meses o el tiempo que dure la pandemia, siempre y cuando no despidan a sus trabajadores.
Implementar un plan de contingencia inmediato que contemple exenciones, así como establecer un fondo de garantías líquidas para que puedan acceder a créditos preferenciales y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas, motor de la economía generadoras de más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB).
Suspender por tres meses del cobro de capital e intereses de los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y automotrices, prorrateando el pago de las mensualidades durante los siguientes 18 meses. Lo anterior mediante la concertación que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con los bancos, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
“Que la CFE (Comisión Federal de Electricidad), Conagua (Comisión Nacional del Agua) y los prestadores de servicios de gas, Internet y telefonía celular suspendan el cobro por tres meses prorrateando el pago durante los siguientes 18 meses”, precisaron.
Asimismo, establecer un fondo financiero de apoyo extraordinario para empresas del sector turístico, fundamentalmente aerolíneas y servicios de hospedaje, con la finalidad de asegurar su viabilidad y pronta reactivación.
Garantizar que el autotransporte de carga y de pasajeros pueda seguir operando mediante el otorgamiento de un subsidio a la gasolina y diésel (por el que no paguen IEPS) y que el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se pueda diferir para lograr entre otras cosas que el abasto no se interrumpa en los autoservicios.
Los senadores plantearon también que se informe al grupo de trabajo el desglose de los 400 mil millones de pesos que el gobierno federal dio a conocer para enfrentar la pandemia, así como de los 40 mil millones de pesos del fondo de gastos catastróficos transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Y otorgar un ingreso básico universal de tres mil 200 pesos mensuales a todos los trabajadores informales y trabajadores del campo en tanto dure la pandemia.
DAMG