El experto en temas de seguridad Alejandro Desfassiaux consideró que se corre el riesgo de que la emergencia sanitaria que se vive actualmente en México por el coronavirus se convierta en una social, donde aumentarían los saqueos a comercios en diversos puntos del país.
Por ello destacó la importancia de que además de las medidas sanitarias, el gobierno federal reaccione de manera oportuna para otorgar beneficios económicos emergentes y fiscales a las empresas.
Estimó que la ola de saqueos ha puesto en alerta principalmente a comerciantes de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, donde se ha identificado a por lo menos 29 grupos que se organizan en redes sociales y aprovechan la coyuntura para robar, valiéndose de la “excusa” de la crisis sanitaria.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada alertó que este fenómeno podría exacerbarse tal y como sucede en Italia, donde se han presentado diversos saqueos de alimentos porqué sus ciudadanos se están quedando sin dinero para subsistir.
“En otro caso, en redes sociales alemanas algunos grupos extremistas están instando a la población a que ataque la infraestructura de suministro de energía porque argumentan que pronto se quedarán sin provisiones”, refirió Desfassiaux.
Ante esos casos, consideró que la emergencia sanitaria en México corre el riesgo de convertirse en una social, donde se podría ver un aumento de saqueos generalizados en la Fase 3, que se caracteriza por abundantes contagios comunitarios.
“Pero lo más grave vendrá en la Fase 4, donde presenciaremos una transmisión sostenida de la enfermedad aunada a la falta de dinero en los bolsillos de los ciudadanos, cuando comenzarán los saqueos de productos de primera necesidad como alimentos y medicinas”, previó.
Ante este posible escenario, exhortó al gobierno federal tomar medidas sanitarias y reaccionar de forma oportuna para la entrega de “apoyos” económicos emergentes y fiscales a las empresas, como prórrogas en el pago de Seguro Social, ISR e IVA, que permita garantizar la continuidad de sus operaciones.
Así como por lo menos un salario mínimo a sus empleados, hasta que disminuya la gravedad de la pandemia, que no será corta, tal como lo aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.
“Si el Gobierno Federal no toma en cuenta al sector empresarial y el decálogo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial recientemente para hacerle frente al COVID-19, se podrían perder alrededor de 800 mil empleos, según estimaciones de dicho organismo”, según el experto en seguridad pública.
Comentó que la falta de seguridad en supermercados ha obligado a los empresarios a dotarse de seguridad privada para la vigilancia remota de cajeros automáticos, accesos y pasillos de las principales tiendas de autoservicio y abarrotes del país, plantas de producción de alimentos y bebidas, entre otros.
Por último, aseveró que la aplicación del Plan DN-III por parte del Ejército Mexicano y el trabajo conjunto con la Guardia Nacional serán factores clave en la instalación de un cerco sanitario que salvaguarde la integridad de la ciudadanía.
“Eso es positivo, pero no es suficiente hasta que no se extirpe el cáncer que representan las policías estatales y municipales que agravan la situación de la inseguridad y no ayudan en nada en los saqueos, debido a que son ineficientes, corruptas y no se les ha puesto mano dura”, finalizó Desfassiaux.
MGL