La emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 ha revelado la dificultad que padecen alrededor de 3 mil millones de personas en el mundo para acceder a este líquido vital, cuya escasez se agrava cada día debido a la crisis climática.
De acuerdo con el último Informe Mundial de Desarrollo de Aguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el planeta 2.2 millones de personas actualmente no tienen acceso a agua potable y 4.2 mil millones de la población total carecen de servicios sanitarios administrados de manera segura.
En México, el panorama no es diferente, pues 10.5 millones de familias carecen a diario de este líquido vital, lo que significa que una de cada tres casas registradas en el país no recibe agua todos los días.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 25% de la población del país (8 millones 411 mil 920 personas) obtiene este recurso cada tercer día, una o dos veces por semana o de vez en cuando, mientras que el 7 por ciento restante (2 millones 085 mil 208 personas) debe conseguirla de otras casas, llaves públicas, pozos, ríos, lagos o mediante pipas.
A esta situación se suma el latente riesgo de contagio por COVID-19 que, hasta la fecha, suma mil 890 casos confirmados y cuya tendencia va en aumento.
La imagen de la gente esperando por una pipa de agua con la que habrá de llevar agua hasta su hogares es un reflejo que se repite por toda Latinoamérica, Oriente Medio y el Norte de África, estas últimas las más afectadas por la escasez.
Apenas, hace un mes, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados de Honduras anunció que aumentaría de siete a nueve días la distribución de agua en aquel país, habitado por 1.5 millones de personas, debido a la escasez y a la falta de lluvias en la zona para rellenar los depósitos nacionales.
Sin embargo, en algunas de las ciudades hondureñas como Choluteca, donde el racionamiento de agua se ha extendido hasta por 20 días, debido a la reducción del caudal en el Río Grande, por lo que se ha tenido que destruir las bordas de empresas agroindustriales a fin de garantizar el suministro a las personas ante la emergencia.
Lo mismo ocurre en Perú, uno de los 20 países más favorecidos del mundo en cuanto a recursos hídricos, pero en el que ocho millones de personas no cuenta con agua potable, debido a la falta de infraestructura para su distribución.
En Chile, 400 mil familias dependen de una pipa para lavarse las manos pues no cuentan con acceso garantizado al agua y dependen de pipas para ser abastecidas del vital líquido.
Además, la actual emergencia sanitaria obliga a cada chileno a sumar a su gasto diario de agua el equivalente a una ducha de cinco minutos, es decir, de 60 a 80 litros extras en al menos 147 comunas que se encuentran en crisis hídrica.
La situación se agrava cuando el agua no puede ser garantizada para realizar servicios esenciales y de primera necesidad, como son los de salud pública y alimentación.
El agua, un derecho para todos
Ante esta situación, un grupo de expertos de la ONU ha advertido que la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, considerada la medida principal para prevenir el contagio, no está al alcance de todos.
“Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”, solicitaron los especialistas.
A la par, exhortaron a los gobiernos de todo el mundo a prohibir “de inmediato” los cortes de agua a las personas que no pueden pagar las facturas y considerar “esencial” la distribución de agua “gratuita” mientras dure la crisis derivada de la pandemia global de COVID-19.
“Se debe obligar a los proveedores tanto públicos como privados a cumplir estas medidas fundamentales”, aseveró.
El organismo internacional destacó que el acceso al agua está íntimamente relacionado con la brecha de desigualdad que azota a todos los países, pues mientras para las personas más privilegiadas, lavarse las manos con jabón y agua limpia es un gesto sencillo, para otros representa un lujo que no pueden permitirse.
“Las personas que viven en asentamientos informales, las personas sin hogar, las poblaciones rurales, las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas refugiadas y todos los demás grupos vulnerables a los efectos de la pandemia deben tener un acceso continuo a agua suficiente y asequible”, subrayó el grupo.
Sólo así, advirtió, se podrán cumplir las recomendaciones de las instituciones sanitarias de mantener estrictas medidas de higiene.
Además, expresó su preocupación por que las personas económicamente vulnerables se conviertan “en víctimas de un círculo vicioso”, ya que el aislamiento obligatorio las impide para trabajar y ganarse la vida, aumentando su imposibilidad de acceder a estos servicios básicos.
A esta demanda se ha sumado distintas organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace en Chile, la Alianza contra la Pobreza Energética, en España; la Red Internacional Católica de Europa y Norteamérica, en Colombia; y otros más en México, quienes solicitaron a sus gobiernos garantizar el suministro de agua y la suspensión de recortes por falta de pago durante la contingencia.
Asimismo, pidieron considerar apoyos económicos o medidas extraordinarias para garantizar este servicio fundamental en la recesión económica que se avecina, una vez superada la pandemia.
Ante emergencia sanitaria, gobiernos garantizan el abasto de agua
En respuesta a la emergencia sanitaria, el gobierno español decretó el suministro de agua y saneamiento de aguas residuales como servicios esenciales para garantizar los niveles de salubridad e higiene ante la crisis sanitaria por COVID-19.
La medida busca garantizar el adecuado suministro de agua y su saneamiento, por lo que posibilita a las empresas y entidades a disponer de los “productos, sustancias y materiales higiénicos necesarios para garantizar que puedan llevar a efecto su labor con las máximas garantías de éxito”.
Lo mismo ocurrió en Colombia, donde el pasado 23 de marzo, el presidente Iván Duque garantizó el abasto de agua, luz y gas y anunció la reconexión de estos servicios a los deudores de todo el país en un lapso no mayor a nueve días.
El suministro de agua también fue garantizado por los gobiernos de Perú, Argentina y México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que exhorta a los estados y municipios que integran el Estado Mexicano a asegurar la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Esto, “a fin de garantizar el derecho humano al agua, ante la pandemia de enfermedad por coronavirus, debiendo suspender los procedimientos que pudieran tener como consecuencia la restricción parcial o total del suministro de agua potable”.
Por lo anterior, señala el decreto del Ejecutivo, instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse y brindar los apoyos necesarios para la instrumentación del decreto.
Resiliencia y emergencia climática
La pandemia por Covid-19 ha evidenciado la escasez del agua que se agravará con el paso del tiempo a consecuencia de la emergencia climática, que afectará su disponibilidad, calidad y cantidad necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas.
Aunado a ello, la frecuencia e intensidad crecientes de eventos extremos, como tormentas, inundaciones y sequías, agravarán la situación de emergencia en países que actualmente experimentan ‘estrés hídrico’ y generarán problemas similares en áreas que no han sido severamente afectadas.
Además, de acuerdo con especialistas, la mala gestión del agua y su privatización acentuará los efectos del cambio climático y en perjuicio de los derechos básicos de agua potable y saneamiento de miles de millones de personas en el mundo.
De ahí, la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, según el cual el acceso al agua potable y al saneamiento deben garantizarse para todos dentro de diez años.
Para lograrlo, indicó el organismo, es necesario que los gobiernos a nivel mundial adopten de medidas integradas de adaptación y mitigación para el cambio climático, que abarcan una combinación de opciones naturales, técnicas y tecnológicas, así como medidas sociales e institucionales para explotar sus consecuencias positivas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
MGL