En países con sistemas democráticos, como México, los derechos humanos se deben garantizar a todas las personas por igual.
Tal es el caso del derecho a la salud, que como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe brindarse sin distinción alguna, ni de raza, ni de género, ni por condición económica o social. Para asegurarlo, los Estados deben contar con servicios de atención de calidad, oportunos, suficientes y aceptables.
Sin embargo, la realidad llega a distanciarse en mucho del “deber ser”. La pobreza y la desigualdad son problemas mundiales graves y profundos.
Según el Informe movilidad social en México 2019, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social, no logran superar la pobreza; mientras que 57 de cada 100 que nacen en hogares del extremo superior, se mantienen en esa posición a lo largo de su vida.
La pandemia del COVID-19, en el mundo y en nuestro país, hace más evidentes las diferencias sociales y de ingreso, y agrava la inequidad para contraer el virus, para superar la enfermedad, y para resistir sus efectos.
Si bien todos somos propensos a contraerla, lo cierto es que termina afectando más a quienes menos tienen. No todas las personas pueden realizar su trabajo a distancia, ni tampoco pueden costear servicios de internet. Muchas viven de la economía informal o están más expuestas por sus actividades; y otras habitan en viviendas hacinadas, sin servicios básicos o padecen falta de suministro de agua. No resulta fácil abastecer los hogares con provisiones suficientes, adquirir medicamentos o pagar un doctor.
Todo lo anterior aunado a la incertidumbre laboral y financiera, para trabajadores, patrones, empresarios, prestadores de servicios y sociedad en general.
Durante la emergencia sanitaria, las mujeres podemos sufrir riesgos diferenciados, porque padecemos distintas formas de exclusión y porque, por estereotipos de género, se nos impone el cuidado familiar.
En la cuarentena, tiende a aumentar la violencia de género, se reducen las posibilidades de proteger la salud por las brechas salariales y laborales existentes; adicional a que, para aquellas que están embarazadas, se requiere mayor atención, pues según datos de la OMS de 2019, cada día mueren en el mundo unas 830 mujeres por complicaciones durante dicho periodo o en el parto.
Todas las vidas importan. Si nos cuidamos, nos protegemos todas y todos. Hagamos lo posible por quedarnos en casa, por ayudarnos y cooperar entre nosotros.
Desde el espacio que estemos, actuemos con conciencia de la gravedad del virus, y desempeñemos nuestro rol a la altura de la circunstancia, con responsabilidad.
En época de pandemia, la prioridad es salvar vidas y afrontar la desigualdad. No caben divisiones, ni capitalización de la crisis. Se requiere tejer lazos de solidaridad con congruencia y reciprocidad para superarla.
Debemos ser capaces de escuchar y flexibilizar posiciones; de hacer prevalecer la razón y los puntos de encuentro; de sumar soluciones viables e innovadoras, que ponderen la experiencia y el contraste de ideas con conocimiento, y que respondan al contexto que demanda la emergencia, para permitir a todos los sectores contener los impactos económicos y sociales.
Dice la frase atribuida a Alejandro Magno “de la conducta de cada uno depende el destino de todos”.
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.
Twitter: @navysanmartin