Se avecinan tiempos muy complejos para las familias mexicanas. En el menos grave de los escenarios, los próximos cuatro meses serán críticos para la economía de quienes dependen de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han frenado por completo o de manera parcial sus actividades.
De ahí la preocupación no únicamente de las cúpulas empresariales, sino de millones de familias que dependen enteramente de su trabajo, al ver que México se queda al margen de las principales economías del planeta, que han salido al rescate de su sector productivo.
Quizá el error que se ha cometido en la estrategia emprendida por los grupos empresariales para intentar convencer al presidente López Obrador de poner en marcha un plan de apoyo a este sector ha sido semántico. El término rescate, inscrito en la narrativa de estas últimas semanas, es asociado por la presente administración a actos de favoritismo hacia una élite, los cuales, se insiste, han tenido que ser absorbidos por el pueblo.
Sin embargo, debe quedar claro que no, de ninguna manera, se ha planteado un rescate sino un plan para que las empresas que muy pronto se verán en la imposibilidad absoluta de contar con liquidez, puedan diferir sus pagos en lo que es superada la crisis sanitaria.
Desafortunadamente, cuando se habla de rescate o ayuda se piensa de inmediato en los grandes consorcios y se deja a un lado a todas aquellas empresas -micro, pequeñas y medianas- que son importantísimo motor para el trabajo.
Pongamos como ejemplo una empresa que cuenta con cincuenta empleados y que se ha visto obligada a frenar sus actividades y que, por ende, ha dejado de percibir ingresos. Pese a ello, en las próximas semanas tendrá que pagar renta, salarios, contribuciones al IMSS, INFONAVIT, AFORES, ISR e IVA, además de los compromisos adquiridos con los proveedores. De mantenerse la contingencia sanitaria, no habrá forma para que se mantenga de pie y comenzará a despedir personal, dejará de cumplir con sus obligaciones y, en un caso extremo, pero no imposible, cerrará definitivamente sus actividades. Muy pronto no habrá ya dinero en caja.
Esta situación se repetirá en cadena y pondrá en riesgo a más de cuatro millones de pequeñas y medianas empresas, con un oscuro panorama para el empleo. De no haber un esquema de apoyo para este sector, la crisis que se avecina tendrá que ser asumida de manera entera por el Gobierno. Ante esta situación, ahora sí, se verá obligado a poner en marcha un programa de rescate, pero en condiciones extremas, con un costo muchísimo más elevado.
De no responder de manera rápida y adecuada ante esta contingencia económica, que escapa enteramente de nuestras manos, México podría repetir escenarios como los de 1995 o 2009.
Difícil es pedir a la sociedad quedarse en casa y al sector productivo, en su mayoría, frenar sus actividades sin que exista una respuesta gubernamental, una muestra de apoyo, para evitar que nuestro principal generador de empleo entre en un callejón sin salida.
Segundo tercio. Se ha convertido en lugar común, aunque no deja de ser cierto: tiempos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias.
Tercer tercio. Renunciar al aguinaldo deberá ser un acto voluntario y solidario por parte de los servidores públicos. Por ley (artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo), éste no puede ser suspendido.
@EdelRio70