La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la economía nacional requiere un plan de rescate acorde a la realidad de la nación, “que se construya con base en la ciencia económica y las mejores prácticas internacionales, y no sobre prejuicios ideológicos”.
Al cuestionar la inactividad gubernamental frente a la emergencia sanitaria, convocó al Ejecutivo a utilizar las herramientas fiscales, presupuestarias y de concertación social, para evitar que cientos de miles de personas vean desaparecer sus trabajos y millones de mexicanos empobrezcan por la pérdida del ingreso familiar.
En el mundo, expuso, los gobiernos de Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Colombia, Perú, India, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, entre otros tantos, han aplicado incentivos a sus economías para lograr una pronta recuperación. No en vano Estados Unidos ha inyectado a la economía más de dos billones de dólares, lo que equivale a más de 10 por ciento de su PIB.
Argumentó que la mayoría de los países de la región gasta cantidades históricas para pagar los salarios de empleados, tanto del sector público como del privado, que no podrán trabajar durante los periodos de aislamiento.
En cambio, comentó que en México el gobierno no quiere solventar los costos de un buen plan de mitigación de la crisis por la que ya atraviesa el país.
La estrategia se concentra en los programas sociales que ya se aplican en la actualidad, a la emisión de 22 millones de créditos menores y de igual manera a un número seleccionado de ciudadanos en el padrón de la asistencia social.
“La clave para experimentar una crisis transitoria está en las medidas que se implementen para proteger el empleo. Si el gobierno mexicano se mantiene en la inacción, podríamos estar hablando de pérdidas de alrededor de entre un millón a 1.5 millones de empleos formales”.
La Confederación detalló que durante la crisis de 2009, el porcentaje de la población en pobreza pasó de 44.4 a 46.1 por ciento, y tomó una década borrar este efecto y recuperar la tendencia a la baja, y todo este esfuerzo se podría esfumar en unos meses.
Indicó que las peores consecuencias de una crisis, son los efectos que viven las familias en la disminución de sus ingresos como consecuencia del cierre de empresas y el desempleo.
Insistió por ello en adopar medidas como las que propone la Organización Internacional del Trabajo frente a la pandemia, como estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y buscar soluciones mediante el diálogo social.
CS