El Gobierno federal tiene la obligación de transparentar el acuerdo con Donald Trump que facilitó las negociaciones con la OPEP.

Los mexicanos no nos podemos quedar solo con la versión del buen samaritano que decidió ayudar a México con la reducción diaria de 300,000 barriles de petróleo a cambio de nada.

Eso no ocurre, ni ocurrirá con un negociante feroz que presume de ganar siempre en las negociaciones.

Cuando Bill Clinton ofreció un préstamo de 40,000 millones de dólares a México, luego del error de diciembre, antes de que nos fuéramos a la insolvencia de pagos, el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo dejó en garantía la facturación de Pemex de los próximos tres años.

El préstamo se liquidó antes, el país superó la crisis y Zedillo dejó al país con una economía en crecimiento.

Pero ahora no sabemos qué fue lo que se comprometió y por cuánto tiempo.

Trump dijo que “México pagará en algún momento’’, lo que sonó más a amenaza que a ayuda desinteresada.

Es obligación de López Obrador que presume la transparencia de su Gobierno informar a los mexicanos en qué consistió el acuerdo con Trump y si eso, como denunció en carácter de diputada federal la hoy secretaria de Energía, Rocío Nahle, no es una venta de la soberanía.

¿A cambio de qué?

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La revisión del llamado pacto fiscal entre estados y la Federación fue el tema que dio origen a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), durante la presidencia de Vicente Fox.

Los gobernadores, mayoritariamente del PRI, y los del PRD, se quejaron de un trato diferencial entre ellos y gobernadores del PAN.

Lo que proponían era una reforma hacendaria que se concretó años después y a la que se sumaron los gobernadores del PAN.

Pero el escenario político, aunque con algunas coincidencias, era distinto.

Las motivaciones que dieron origen a la Conago fue la denuncia de un trato discriminatorio; el país había superado la crisis del error de diciembre de 1994 y la economía crecía.

Pero no había crisis sanitaria ni Fox quiso centralizar la administración del poder.

El país navegaba en medio de la transición política sin mayores sobresaltos económicos; al menos no del tamaño de la crisis de diciembre de 1994 y que se extendió durante los siguientes tres años.

En el 2001, eran más de 18 gobernadores los que pedían revisar el pacto fiscal o realizar una reforma hacendaria.

Hoy, ante la pandemia, son los gobernadores del noroeste del país quienes reviven la amenaza de solicitar la revisión de pacto fiscal, con todas las implicaciones sociales, económicas y políticas que ello conlleva.

El origen de la petición o amenaza es exactamente el mismo que dio pie a la Conago, el trato diferenciado que la Federación concede a los estados en materia financiera.

Los gobernadores de Tamaulipas, de Coahuila y Nuevo León -después se sumó el de Chihuahua-, se quejan de que la Federación no les ha respondido a sus peticiones de ayuda para enfrentar la crisis financiera causada por la pandemia del coronavirus.

Cada estado ha debido hacer frente, con sus propias estrategias, a los retos que implica defender el empleo y la economía local, ante la ausencia de una estrategia integral de alcance nacional.

¿Se revisará el pacto fiscal?

No parece un escenario viable ni cercano; y menos cuando desde Palacio Nacional la advertencia le sonó a grosero reto.