En medio de la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus y del impacto negativo que tendrá para la economía mundial, en México las diferencias políticas acentuadas en las recientes semanas se han traducido en propuestas que, en muchas ocasiones, carecen de lógica alguna. Una de ella es la amenaza de algunos estados de oposición de abandonar el llamado pacto fiscal.
En términos sencillos, dicho acuerdo suscrito en 1978 significa que todas las entidades -ricas o pobres- están obligadas a entregar al centro los impuestos federales que se recauden, mismos que les son devueltos en función de sus necesidades y no forzosamente en la misma proporción en que fueron dados. Esto, históricamente, ha generado un debate en el que los estados con mayor potencial consideran que no son retribuidos de manera justa y equitativa.
Al menos cuatro gobernadores -Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila- han aprovechado la actual coyuntura para intentar reventar este pacto que representa una de los trazos de unión más fuertes de la República. En su queja, los mandatarios olvidan sus facultades recaudatorias que, por motivos político-electorales, dejan de aplicar.
Por ley, los estados cuentan con la posibilidad de cobrar al menos 23 impuestos diferentes, sin tomar en cuenta el predial, que es un derecho de los municipios. En 2018, los ingresos de las entidades federativas por concepto de tributación local representaron el 10.1% de sus ingresos. En los quejosos como Jalisco, dicho monto fue del 8.3%; en Tamaulipas el 9.1%; en Coahuila, el 11.9%, y en Nuevo León, el 15.4%.
Lejos de hacer su tarea, los estados dejan a la Federación la engorrosa y poco rentable en términos electorales tarea de cobrar impuestos, a la espera de las participaciones o prerrogativas. Además de los ingresos tributarios, existen otras formas de hacerse de recursos públicos como el cobro de derechos, productos y aprovechamientos. En términos globales, en 2018, las entidades recibieron únicamente el 4.9% de sus fondos por estos tres conceptos. Muy bajo para el potencial que ellos representan.
Los estados no ejercen su capacidad recaudatoria y así lo demuestra la OCDE en un estudio publicado en 2019, en el que se señala que, en México, la recaudación local es del 0.9% del PIB frente al 5.1% que representa este organismo.
Resulta muy fácil para los gobiernos de oposición intentar, por motivos políticos, acabar con uno de los acuerdos que representan uno de los motores económicos del país. Más allá de la división, las entidades deben exigir de la Federación participaciones más adecuadas con sus necesidades y, como parte de su responsabilidad, mostrar mayor compromiso frente a sus facultades recaudatorias. La viabilidad de la nación está en juego, que no es poca cosa.
Segundo tercio. Si bien se trata de un recurso municipal, los estados tienen la posibilidad de impulsar el pago del impuesto predial y generar un mayor flujo de recursos. Otra medida poco popular pero que da la certeza de incrementar los ingresos. ¿Desde hace cuánto no se hacen actualizaciones catastrales? Pagar lo justo, ni más ni menos.
Tercer tercio. El regreso a la vida normal dependerá de la evolución del virus y las consideraciones técnicas que de ella deriven. No de otra cosa.
@EdelRio70