Después de dos sesiones extraordinarias en el Congreso de Jalisco, se aprobó castigar con 17 mil pesos de multa y cárcel a quienes agredan a personal médico, además se autorizó condonar pago de actas de defunción a fallecidos por COVID-19.
El día comenzó de forma polémica debido a la instalación de un arco sanitario inflable para quienes ingresaran al recinto legislativo, que debió detenerse a media sesión debido a la presencia de más de 50 personas en el interior.
Las multas a los agresores irán de 8 mil 600 hasta 17 mil 300 pesos. Las penas por lesiones leves podrían castigarse de dos a cinco años de prisión. En caso de lesiones que pongan en peligro la vida de la víctima se sancionará al agresor con hasta seis años de cárcel.
A las penas se agregó una pena de hasta ocho años y cuatro meses de prisión cuando las lesiones calificadas se cometan por odio, motivado por la profesión de la víctima, estableció la iniciativa aprobada por mayoría.
El Congreso de Jalisco aprobó también la condonación del pago de actas de defunción para personas que hayan fallecido por contagio de COVID-19, pero la iniciativa requiere que los 125 se adhieran a un decreto y aprueben en sesión de cabildo este beneficio.
Durante la sesión extraordinaria, se retiraron 22 puntos con iniciativas donde se solicitaban auditorías al gasto del gobierno de Jalisco durante la emergencia sanitaria, condonar el impuesto sobre la nómina y apoyo a adultos mayores.
“El acuerdo era que todo lo de COVID-19 se iba a discutir en esta sesión. Nos da mucha vergüenza que Movimiento Ciudadano y Acción Nacional estén queriendo sacar temas que le favorecen al gobernador y los están reservando para las reuniones virtuales”, reclamó la diputada priista Mariana Fernández
Lamentó además que se aprobara llevar a cabo sesiones virtuales debido a la emergencia sanitaria, donde no se excluyó de los temas a tratar la adquisición de deuda pública en medio de la pandemia.
La legisladora de Morena, Erika Pérez García, se sumó a la discusión y señaló que la adquisición de créditos por parte del gobierno estatal requiere análisis, debate y una votación calificada.
“El supuesto de caso fortuito o la fuerza mayor decretado por autoridad competente no deben ser motivo para sesionar a distancia (…) hago una invitación a reformar con sentido común, con un razonamiento práctico para que la ley sea efectiva y de utilidad en los nuevos tiempos que vivimos”, solicitó, pero la iniciativa de realizar sesiones virtuales fue aprobada por mayoría.
ica