Como ya es costumbre en el Presidente de la República, envió nuevamente, una iniciativa al Poder Legislativo para que con carácter de urgente, desahogue uno más de sus pendientes. En esta ocasión se trata de adicionar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que en caso de emergencias económicas el Ejecutivo federal pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De aprobarse esta propuesta, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, tendrá la facultad de reasignar los recursos autorizados por la Cámara de Diputados, para los proyectos y acciones que él considere necesarios, que como ya vimos en las últimas semanas son Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, dejando fuera temas trascendentales como la salud y economía de los mexicanos.
Pero esta fórmula no es nueva, en 2003, cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, remitió a la Asamblea Legislativa una reforma al Código Financiero para autofacultarse para poder modificar el contenido orgánico y financiero de los programas de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos que se consideraran necesarias por razones de interés social, económico o de seguridad social. En síntesis, hoy vuelve a aplicar la misma técnica autoritaria para disminuir las facultades de otro Poder de la Unión.
Existen temas muy preocupantes en la reforma enviada a la Cámara de Diputados, sobre todo lo referente al Fondo Metropolitano, el cual está destinado para la elaboración de programas de ordenamiento y proyectos de infraestructura con impacto metropolitano, orientados al desarrollo regional, la sustentabilidad y competitividad económica, el cual según el Presupuesto de Egresos aprobado, asciende a 3 mil 300 millones de pesos, aunque la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, estima que son aproximadamente 8 mil millones de pesos, debido a los subejercicios de años anteriores. Una vez más, atenta contra los proyectos de crecimiento y le apuesta a los programas clientelares.
Desafortunadamente para nuestras instituciones, el Legislativo estará otra vez de rodillas ante los mandatos del Presidente de la República, y es que, por ley, el 30 de abril se termina el periodo ordinario de sesiones, por lo que no debería sorprendernos que el partido oficial en el Congreso de la Unión con su inminente mayoría, apruebe de manera inmediata y sin observaciones los dictados de su patrón.
Actualmente, los temas que deberíamos discutir en el Congreso de la Unión son las medidas para enfrentar la crisis de salud y económica en que nos encontramos, sin embargo, insisten en firmarle cheques en blanco al Gobierno federal para sus proyectos faraónicos carentes de sentido.
@kenialopezr