Las naciones de América Latina y el Caribe (ALC) comienzan a enfrentar uno de los periodos más difíciles de su historia. La pandemia de Covid-19, con sus consecuencias en materia de salud pública y su inmenso daño económico, será una perturbación que sin duda sobrepasará cualquier circunstancia adversa que nuestros países hayan sufrido en muchas generaciones.
La magnitud de dicha adversidad dependerá, para cada uno de los países, de que tan alertas estuvieron sus gobiernos a los primeros signos de la tragedia y que tan hábiles fueron en la toma de decisiones correctas.
Algunos gobiernos tomaron medidas prontas, decisivas y eficaces, protegiendo la salud pública principalmente.
“En otros casos los preparativos fueron parsimoniosos y francamente incompetentes. Esos gobiernos han fracasado en crear una verdadera concientización sobre la complejidad de la situación, han ignorado o minimizado los riesgos derivados de la pandemia; ya sea por ignorancia o dolo, lo que ha llevado a la desinformación de sus ciudadanos, además de que con frecuencia han menospreciado la evidencia científica”.
Lejos de unir a la sociedad para combatir y derrotar la pandemia, algunos líderes han apostado por la división, la demagogia y el populismo, como si no vieran en esta crisis un desafío, sino más bien una oportunidad de reafirmar su poder político.
Algunos líderes que han decidido jugar a la política frívola, en lugar de utilizar todos los instrumentos y capacidades a su disposición para confrontar la tragedia, quedarán bajo la sospecha de haber optado, al menos durante un tiempo, no por una estrategia que contuviera la epidemia, sino por el objetivo de dejar correr el contagio con el fin de alcanzar la inmunidad comunitaria con relativa rapidez, creyendo erróneamente que este enfoque reducirá el daño económico.
Esta errada creencia ya no parece prevalente. Una de las razones de este viaje probablemente se deba a que, según algunos informes, una falta total de supresión de la pandemia podría provocar la muerte de 3.2 millones de personas en América Latina y el Caribe en año y medio.
Al contrario de lo que piensan algunos, una estrategia de no contención también sería una muy mala decisión económica. La morbilidad u mortalidad del contagio no mitigado perturbaría en cualquier país los cimientos económicos y el tejido social a un grado que provocaría una destrucción del ingreso nacional adicional.
En consecuencia, por razones éticas y económicas, la prioridad absoluta de nuestros gobiernos y de nuestras sociedades debe ser, sin duda alguna, la contención de la epidemia para minimizar su morbilidad y mortalidad.
Los gobiernos y las sociedades deben multiplicar lo antes posible las capacidades de prevención y atención médica de sus sistemas de salud.
La realización de pruebas de infección a las personas, de manera masiva y estratégica, ha estado sido deficiente en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Esta estrategia ha impedido contar con un diagnóstico bien fundamentado del avance del problema, lo que hará mucho más difícil detener el contagio al ritmo deseable.
Mejorar los sistemas de salud en el corto plazo para hacer frente a la pandemia conllevará a un esfuerzo presupuestal muy importante, pero de no hacerlo resultará aún más caro.
Para reducir la velocidad del contagio se requiere una acción extremadamente drástica: el confinamiento de las personas para su protección, lo cual obliga a detener de golpe muchas actividades económicas. Sobra decir que esta es una decisión muy difícil, ya que se trata de una de esas rarísimas situaciones en que los gobiernos deben inducir una desaceleración severa en la actividad económica, siendo que históricamente tienen el mandato de hacer, y se espera que hagan lo contrario.
Aunque el apoyo al empleo y a los ingresos de la fuerza laboral debería ser la herramienta principal para prevenir una depresión prolongada, la ayuda para las empresas también es fundamental. Además de los incentivos fiscales para la preservación del empleo, será necesario activar mecanismos temporales para otorgar y garantizar créditos suficientes.
Los bancos deberán mantenerse transparencia, reglas claras y la ausencia de decisiones discriminatorias y discrecionales.
Por otra parte, deben tomarse medidas para evitar la quiebra de empresas que, al no tener problemas de solvencia estructural, podrían dejar de existir debido a la recesión y a la ausencia de crédito y liquidez en la economía.
El costo fiscal de apoyar los empleos y las empresas debe compensarse, hasta cierto punto, bastante rápido a través de ajustes en otras partidas del gasto público, corriente y de inversión, de menor rentabilidad social.
Los gobiernos deben tener en cuenta que las consecuencias económicas internas se verán seriamente agravadas por condiciones económicas externas particularmente adversas.
Los gobiernos del ALC no deben dudar en acudir a las instituciones financieras internacionales de las que nuestros países son accionistas. Debemos tratar con ellas sobre la base de nuestros propios programas para enfrentar la crisis, sabiendo que para obtener la atención adecuada, nuestras políticas deben ser coherentes, serias y creíbles.
con información de medios
EFVE