Falta poco más de un año para las elecciones del 2021 en las que estarán en disputa 3,500 cargos, entre ellos 15 gobernadores y los 500 legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata de la elección más grande en la historia del país, pues en total habrá 32 procesos electorales.

Originalmente, el proceso electoral tendría que comenzar en septiembre próximo, pero la situación provocada por la emergencia sanitaria obligará algunos cambios, no de fecha por el momento, pero sí en la organización y seguramente en el desarrollo de las campañas políticas.

Como se ve el escenario, será financieramente muy complicado que las elecciones se realicen con los presupuestos estimados y quizá con la duración de campañas estimadas.

La caída de la economía mexicana -cuya dimensión real no se conocerá sino hasta en unos meses-, obligaría al recorte de las ministraciones a los partidos políticos, reciben el doble cuando hay campañas políticas.

Esta eventual reducción no podría ser planteada por el INE, que se limita al cumplimiento de la Ley, sino por los propios partidos políticos.

La dificultad aquí estriba en que reducir el presupuesto para campañas de los partidos, favorecería a Morena, que es el partido en el poder y perjudicaría a la oposición que depende del presupuesto público.

Una reducción sería posible siempre y cuando fuera gradual y no del 75% como pretende Morena.

Otro asunto de relevancia tiene que ver con el hecho de la incursión del dinero de la delincuencia organizada en las campañas políticas, como ya se ha visto en estados como Morelos y Michoacán, por citar algunos casos públicos.

El cómo se financiarán las campañas el año próximo no es ningún asunto menor.

Morena se juega la mayoría en la Cámara de Diputados; el PRI buscará mantener el mayor número de las gubernaturas que están en poder (8 de las 15 en disputa), al igual que el PAN (4 de las 15), el PRD (1 de 15) en tanto que Morena buscará ganar cuantas pueda, confiando en que los programas sociales que aprobó en el Congreso les sean suficientes.

A ver.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila la anulación de la Ley Bonilla, esa extensión de tres años que el Congreso local de Baja California regaló al hoy gobernador Jaime Bonilla.

Como recordará, Bonilla fue electo para un periodo de 2 años pero en una maniobra muy cuestionada, el Congreso local amplió el plazo hasta cinco años, dizque por economía.

La Corte discutirá el asunto la semana próxima; se requiere el voto de 8 de los 11 ministros para echar a la basura el intento de madruguete legal, lo cual hasta ayer no parecía difícil.

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Grupo Elektra respondió ayer a los señalamientos que en la conferencia mañanera hiciera la secretaria de Trabajo sobre el incumplimiento del cierre de sus tiendas en esta pandemia.

Elektra afirmó que cumple con todas las recomendaciones de protección de la OMS y del Gobierno federal para garantizar la salud y seguridad de todos sus clientes y colaboradores.

El Grupo explicó porque sus tiendas siguen abiertas debido a que proporcionan servicios esenciales como la transmisión y recepción de remesas que son sustento económico de familias y comunidades enteras.

La venta de productos de telefonía para familias, emprendedores y empresas que los requieren para seguir comunicados así como productos de primera necesidad como refrigeradores para preservar alimentos; hornos de microondas y estufas para su cocción y otros elementos necesarios en un hogar para poder cumplir con el #QuédateEnCasa.

Elektra aseguró también que sus tiendas permanecen abiertas para quienes no tienen acceso a una tarjeta de crédito o a las compras en línea.

LEG