¿Será que ahora sí de verdad habrá una investigación seria sobre un posible conflicto de interés de la familia Bartlett?
Como sabe, la semana pasada estalló un escándalo luego de que se hiciera público un contrato entre León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y la delegación del IMSS en Hidalgo.
El contrato fue por 31 millones de pesos para la compra de 20 equipos de asistencia respiratoria mecánica o ventiladores; cada uno habría costado 1 millón 550 mil pesos lo que los coloca como los más caros del mercado.
Bartlett hijo se defendió diciendo que el proceso fue legal y que los equipos estaban a precio de mercado y acusó al Gobierno de la Ciudad de México de haber pagado dos millones de pesos por cada ventilador que días antes había comprado.
El escándalo fue mayúsculo no solo por el sobreprecio, sino porque se descubrió que el Bartlett hijo tiene contratos por casis 170 millones de pesos con el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa y otros organismos de Gobierno.
Además, viene precedido de otro tema, el descubrimiento de una veintena de propiedades y una docena de empresas en las que su padre participa -o participaba- como socio o apoderado.
La Secretaría de la Función Pública informó que después de una ardua investigación no había encontrado conflicto de interés y por lo tanto no había ilegalidad en el hecho de que Bartlett Díaz no haya declarado a la dependencia esas propiedades.
La mayoría de los mexicanos considera que en el caso de los ventiladores, el fallo de la dependencia será igual.
Pero ayer ocurrió un detalle que no pudo pasar desapercibido en el ámbito político.
Durante la conferencia mañanera, el virtual vicepresidente y bombero atómico de la 4T, el canciller Marcelo Ebrard, anunció que la compra “directa y sin intermediarios’’ de 211 ventiladores a la empresa Hamilton, que tuvieron un valor que va de los 400 mil a los 600 mil pesos.
Muy por debajo del precio a los que vendió Bartlett hijo.
Y como nada que ocurra en Palacio Nacional es ajeno al presidente López Obrador, la gran pregunta es si fue un aviso para la familia Bartlett, una instrucción para la Función Pública y un reclamo para el director del IMSS, Zoé Robledo, que avaló la compra con un presumible sobreprecio.
¿Será ahora sí la hora de Bartlett o solo fue pirotecnia política?
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¿El Gobierno será el responsable de que la gente relaje las medidas de prevención de contagios ante los anuncios triunfalistas de que “ya logramos aplanar la curva’’?
Porque una cosa es lo que se dice en las mañaneras, en donde todo es apoyo y porras mutuas, y otra la cruda realidad.
Ayer se registró el día más negro en cuestión de defunciones (230), desde que se declaró la contingencia sanitaria y se registraron 1,120 nuevos contagios.
Si el discurso oficial sigue siendo que el virus nos pela los dientes porque los mexicanos somos fuertes, aguas con las reacciones de la gente que solo espera cualquier guiño para romper la cuarentena.
Sería más recomendable guardarse la celebración para junio y lamentar un rebote de la pandemia que nos agarre con la guardia baja.
¡Que bueno los muertos diarios no se cuentan por miles!, pero de eso a estar a punto de volver a la normalidad, falta un largo trecho.
Prudencia es la clave.
LEG