La militarización de la seguridad pública era una decisión esperada dados los nulos resultados que ha ofrecido la muy publicitada Guardia Nacional.

Esta militarización ya estaba programada en la Ley que dio vida a la Guardia Nacional, pero fue hasta ayer que el presidente López Obrador decidió echar mano de ella.

¿Se trata de una medida desesperada ante los crecientes índice delincuenciales en casi todo el país?

No es una medida que le guste al Presidente, pero dada la penetración de la delincuencia organizada en policías municipales, estatales y a la insuficiencia de la Guardia Nacional que ha destinado un gran número de efectivos a detener migrantes en la frontera sur, no quedaba de otra que recurrir al Ejército y la Marina.

La militarización del país que tanto crítico como dirigente de la oposición y después como candidato presidencial, también tuvo que ser un recurso en el Gobierno de la 4T.

Hay, sin embargo, algunas preguntas que quedan en el aire.

¿A quién van a reportar directamente los militares? ¿A sus mandos, al Secretario de Seguridad Pública, a su jefe máximo -el Presidente-, a los presidentes municipales o a los gobernadores?

¿Cómo se coordinarán con las policías municipales y estatales? ¿Las suplirán o las complementarán?

¿Cuáles delitos podrán perseguir? ¿Tienes facultades de investigación? ¿Solo pueden detener en flagrancia? ¿Los militares tienes instrucción policial?

Porque una cosa es ser entrenado para defender el territorio nacional o asistir a la población en casos de desastre y otra muy distinta perseguir a delincuentes del orden común.

Al final de cuentas no sabemos si la decisión del Presidente de utilizar este recurso previsto en la ley fue correctiva -para ayudar a reducir la delincuencia- o preventiva, por lo que pudiera pasar en los próximos meses en el país, sumido en una de las peores crisis económicas de los años recientes.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la “Ley Bonilla’’, por lo que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dejará el cargo el próximo año.

Como sabe, Bonilla fue electo para un periodo de dos años pero mañosamente el anterior Congreso del estado realizó una modificación a la Constitución local para ampliar el plazo a cinco años.

Con este antecedente, los congresos estatales, como el de Veracruz, deberán tener muy amarrados sus argumentos jurídicos antes de pretender modificar sus respectivas constituciones.

En Veracruz, la bancada de Morena busca modificar su máxima ley para allanarle el camino a Rocío Nahle para que pueda competir por la gubernatura.

Nahle es zacatecana de nacimiento y no puede participar pero uno de sus cercanos, ahora diputado local, pretende modificar la ley para que “quienes hayan tenido hijos en Veracruz’’ puedan ser considerados candidatos.

Ese es el único requisito que cumple la secretaria de Energía.

¿Más claro -o más sucio-?

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Seguramente la crisis de desempleo que vive el país y que se agudizará en los próximos meses provocará que los senadores se olviden un rato de la iniciativa para regular el outsourcing.

Y es que la subcontratación podría ser el clavo ardiendo del que muchos desempleados se sostengan para sobrevivir a la crisis.

El tema no se ha tocado más y seguramente no se hará en la Comisión Permanente ni al inicio del periodo ordinario en septiembre, cuando se tenga que debatir el que será el presupuesto más austero de la historia de México.

LEG