Tras 14 años en las calles combatiendo al crimen pero sin un marco legal para realizar funciones policiales, las Fuerzas Armadas cuentan con vía libre para esas tareas hasta 2024, gracias a un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por años se opuso a esa estrategia.
El mandatario eligió publicar el decreto que desglosa las actividades de seguridad pública para el Ejército y Marina, en coincidencia con la emergencia sanitaria de Covid-19, el aumento de homicidios y una posible crisis económica, debido a que el INEGI reporta cero crecimiento y el IMSS informó de más de 500 mil empleos perdidos en abril.
Respecto a la actuación de militares y marinos en tareas de seguridad pública, antes de ser Presidente, López Obrador criticó esa estrategia, dijo que plan era sacar a dichos elementos de las calles; incluso, lanzó acusaciones contra las Fuerzas Armadas: señaló que eran usadas para torturar y reprimir al pueblo y que estaban involucradas en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Sin embargo, a su llegada a la Presidencia su postura cambió, y con el apoyo de la mayoría de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, impulsó la creación de la Guardia Nacional, cuyos transitorios indicaban que tendrían mandos civiles y daban un plazo de cinco años para que los militares dejaran las calles.
Dicho transitorio es la base del decreto de López Obrador, que entró en vigor ayer, en el que se legaliza que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas policiales, detenciones como primeros respondientes, encabezar operativos y encargarse de la seguridad de aeropuertos, carreteras, vías de comunicación, puertos y donde se requiera su presencia.
Ese marco legal fue una petición de los mandos militares y marinos desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico pero tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto fracasaron en el intento de reformar las leyes de seguridad.
En 2009, Calderón impulsó reformas a la Ley de Seguridad Interior para legalizar que los militares asumieran la seguridad pública en los lugares donde existieran amenazas a la seguridad interior, como narcotráfico o cárteles, lo cual, no prosperó.
Con el mismo espíritu, Peña Nieto impulsó una Ley de Seguridad Interior que permitía a las Fuerzas Armadas actuar como policías cuando las autoridades locales y municipales se vieran rebasadas. Esa iniciativa fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y fue hasta la llegada de López Obrador, quien criticó por años que los militares estuvieran en las calles, que se dotó a las Fuerzas Armadas de las herramientas legales para actuar en tareas policiales hasta por lo menos 2024, cuando culmine su sexenio.
Y aunque el decreto de creación de la Guardia Nacional ya establecía un lapso de cinco años para que los militares regresarán a los cuarteles, el mandatario eligió el contexto de la epidemia de Covid y sus implicaciones económicas, para decretar qué funciones específicas y legales realizarán, entre las que destacan detenciones y seguridad de la mayoría del espacio público.
En defensa
Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó ayer que el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal respecto al empleo de Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional (GN) en labores de seguridad pública, les otorga mayor fortaleza a sus actuaciones como primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo.
En un posicionamiento de 10 puntos, la dependencia informó que las circunstancias que vive el país demandan que el Estado mexicano haga uso de todos los recursos con que cuenta, para brindar seguridad a la nación.
Resaltó que este objetivo no sería posible si no contáramos con el extraordinario apoyo de las Fuerzas Armadas. También reiteró que el acuerdo no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional aprobada por consenso por todos los partidos políticos en 2019.
En lo que va de la presente administración del primero de diciembre 2018 al 31 de marzo 2020, en promedio mensual se asesinan por mes a dos mil 880 personas.
LEG