Hace más de doce años, el paradigma de la seguridad pública en México cambió por completo. El banderazo de salida de esta nueva estrategia se dio con el anuncio de la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán, en el que se desplegaron alrededor de cinco mil elementos del Ejército para realizar funciones de seguridad pública. A aquél le siguieron los operativos Laguna, Noreste y otros más.
Cada uno de esos despliegues serían, en teoría, temporales, pero sucedió lo contrario. La presencia del Ejército fue aumentando durante los años posteriores a 2006, demostrando los huecos generados por la falta de policías capacitadas en todos los niveles, y la necesidad urgente de reformar las corporaciones de seguridad pública. Para 2017 había en las calles al menos 40,000 elementos del Ejército, y no existía un marco jurídico que brindara certeza sobre su actuación, dejando sin protección tanto a integrantes de las Fuerzas Armadas como a la sociedad mexicana.
El cambio de estrategia no pudo cumplir con sus objetivos y la violencia no fue contenida, negándole la tranquilidad a la que las y los mexicanos tienen derecho y, por ello, devolver la paz al territorio nacional se ha convertido en uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Con esto en mente, desde los inicios de la actual Legislatura, en concurrencia con el Ejecutivo federal, se ha empezado a construir el andamiaje legal necesario para contar con herramientas eficaces para la prevención de la violencia, cuyos elementos centrales son la creación de la Guardia Nacional y la emisión de sus leyes secundarias.
La creación de la Guardia Nacional es resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas y se logró gracias al reconocimiento, por parte de todas y todos, de la necesidad de lograr una transición entre el México militarizado y un país con fuerzas de seguridad pública eficientes, honestas y capaces. Sin embargo, un proceso de esta magnitud no se logra rápidamente y, por ello, en la misma ley aprobada por unanimidad en el Congreso se contemplaba la posibilidad de que esta institución de seguridad pública tuviera el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas hasta por cinco años.
Esto, lejos de lo que algunas voces hoy están queriendo hacer creer, no significa un paso adelante hacia la militarización de México, sino que por primera vez se cuenta con un marco de tiempo específico a lo largo del cual se tendrá que lograr la formación de un cuerpo de seguridad público y civil que no requiera de la asistencia de las Fuerzas Armadas. Además, a diferencia del pasado, ahora se tiene un marco de actuación institucional para las acciones que realizarán las Fuerzas Armadas, las cuales se llevarán a cabo de manera coordinada con el Ejecutivo federal.
Así, se puede decir que el acuerdo emitido por el Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, tiene como finalidad no sólo dar transparencia al uso de la facultad conferida a las Fuerzas Armadas por la Constitución a través de la reforma que creó la Guardia Nacional, sino de empezar, finalmente, un proceso de desmilitarización. Ésta es la realidad objetiva, por más que algunos sectores busquen tergiversar los hechos.
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