Luego que la Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina – Armada de México (Semar) tendrán que hacerse cargo de la seguridad pública derivado del acuerdo presidencial publicado el lunes pasado especialistas en seguridad criticaron la medida .
Francisco Rivas Rodríguez, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, manifestó que no tenemos ninguna institución civil de seguridad a nivel federal y esto es militarizar la seguridad del país.
Recordó que es un proceso que empezó con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y hoy se ve absolutamente cristalizado con López Obrador.
“Lo que sí me parece infame es que fue precisamente que tanto los que hoy están en el Gobierno, Cámara de Diputados y Senado, que eran oposición en el sexenio pasado que se pasaban criticando la militarización, hoy lo están aplaudiendo”, expresó a 24 HORAS.
Puso en duda que que se logre reducir la violencia y resaltó que los estados y municipios, tienen menos recursos y son castigados por la Federación más que en ningún momento de la historia.
Señaló que del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) autorizó el 10 de abril por instrucción del Presidente que los recursos para prevención del delito y formación policial se destinen a la compra de insumos médicos y entonces ese poco dinero se lo van a gastar en otra cosa.
Javier Oliva Posada, especialista en defensa nacional, aseguró que no se está militarizando, pero que México es el peor país que trata a sus fuerzas armadas en términos de presupuesto de toda América Latina, le dedica el 0.5% del Producto Interno Bruto.
Armando Rodríguez, especialista en seguridad nacional del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) subrayó que el mandatario está acudiendo a las Fuerzas Armadas como lo hicieron los presidentes anteriores para combatir a la delincuencia organizada y que tal vez tenga otros alcances en términos de control social.
“En ese sentido estamos hablando que hay un paso jurídico, es decir el decreto tiene una resonancia jurídica y está afianzando para el resto de su sexenio por lo menos todo lo que tiene que ver con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y decisiones en materia de seguridad pública”, puntualizó.
Ernesto López Portillo, coordinador el programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que la intervención militar en tareas de seguridad ha acompañado la historia del país en diversas intensidades y que la razón es que ningún presidente se ha comprometido con la creación de un sistema policial sólido y se ha preferido delegar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas.
Piden garantizar Derechos Humanos
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló falta claridad en la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
Llamó a efectuar una revisión del acuerdo para garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México.
Además, diseñar una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de tareas que no les son propias.
LEG