La dirigencia nacional y legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una queja en contra del decreto emitido por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública, al considerar que viola los principios de legalidad y certeza jurídica.
En la queja, firmada por Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada federal, Juan Manuel Fócil Pérez, senador de la república y Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria de dicho instituto político, refieren que subordinar el mando civil al mando militar, el Estado Mexicano vulnera lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que los órganos de seguridad pública deben estar en manos de civiles, y no de militares.
De acuerdo con los perredistas, si bien el actuar de la fuerza militar en tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, “resulta alarmante que no se definan los protocolos para que dicha actuación evite la violación de los derechos humanos de las y los mexicanos”.
Consideraron que “ni ese acuerdo presidencial ni la estrategia general de seguridad han definido los métodos para evitar el desbocado feminicidio, el asesinato de periodistas y de luchadores sociales, los secuestros y los frecuentes hechos de violencia que vive México, aún en las condiciones por la pandemia del coronavirus”.
A decir de los integrantes del sol azteca, el acuerdo presidencial es una explícita militarización de las funciones de seguridad pública que el Estado mexicano está obligado a proporcionar a la población para proteger su vida y sus bienes, sin embargo el presidente y Alfonso Durazo, están abriendo paso a la constante violación a los derechos humanos.
Aclararon que su crítica a la militarización no surge de la mala fe, “sino del reconocimiento de que la estrategia militar ya fracasó desde que el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al tráfico de drogas”.
Por ello consideraron que el primer mandatario no debe volver a tropezar con la misma piedra, “porque los que pagamos las consecuencias somos todos. Para evitar más sufrimiento hemos llamado a un diálogo nacional para darle una salida democrática e integral a la crisis de seguridad que estamos viviendo”.
MGL