El acuerdo publicado por la Secretaría de Energía (Sener) en materia eléctrica es un golpe a la confianza de los inversionistas, además extingue cualquier esperanza de un cambio en la política de energía petrolera en el corto plazo de gobierno federal, consideró UBS.
La firma suiza de servicios financieros estimó poco probable que las agencias calificadoras vean con amabilidad este nuevo desarrollo regulatorio, ya que la pérdida de la integridad institucional de México es precisamente uno de los riesgos clave que algunas de ellas, como Fitch y Moody’s, han destacado en la calificación de grado de inversión del país.
Y es que, consideró, el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que limitaría las energías renovables en el país, es la reciente de una serie de decisiones controvertidas que cuestionan el compromiso de México con los contratos privados bajo la administración actual.
UBS recordó que el gobierno cerró el nuevo proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, más recientemente, una fábrica de cerveza que estaba a punto de entrar en funcionamiento en Baja California, luego de consultas públicas que no cumplían con los estándares establecidos por la Constitución.
“Todas estas acciones han afectado la inversión y la confianza de los inversores en México y tememos que sean un obstáculo principal para el crecimiento económico en la recuperación posterior al Covid-19”.
La firma opinó que las nuevas reglas podrían dañar la posición de México en la comunidad internacional, ya que no solo constituyen una desviación de los compromisos de México sobre el clima bajo el Acuerdo de París, sino que los cambios regulatorios que afectan los contratos del sector privado podrían resultar en litigios, tanto en el país como en el extranjero.
Ello, refirió, de la misma forma en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentó cambios regulatorios en gasoductos en 2019.
“Las nuevas medidas implican un cambio en las reglas del juego para el mercado eléctrico establecido en la reforma energética de 2014. El riesgo es que frustrarán la competencia en el mercado de generación de energía, aumentarán los costos para los consumidores y desviarán a México de las energías limpias en las que el país tiene algunas ventajas comparativas reconocidas”.
AR