La nueva política sobre confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), hecha por la Secretaría de Energía (SENER) para la generación de energías limpias en el país, ahuyenta las inversiones privadas, atenta contra el estado de Derecho y vulnera la libre competencia del mercado eléctrico, consideraron expertos consultados por 24 HORAS.
Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México, Clima y Energía, consideró que lo planteado por la dependencia carece de definiciones y precisiones.
“Esta política en realidad es una regulación; se está excediendo en las facultades. Afecta a todo el mercado eléctrico y existe el riesgo de regresar a un monopolio”, argumentó.
Añadió que también se pone en peligro la participación de México en el Acuerdo de París, puesto que existe un freno hacia la transición energética y manda señales de incertidumbre sobre las posibles inversiones en el país.
Resaltó que al considerar que al Gobierno no le gustan las inversiones privadas y fuentes renovables, se espera que las energías provengan de refinerías u otras alternativas que no sean amigables con el medio ambiente. Alertó que podrían incluirse únicamente planes que beneficien a Dos Bocas o los relacionados con refinerías.
En ello coincidió Ramsés Pech, analista energético, quien añadió que el mundo está migrando a energías que aprovechen los recursos naturales para su utilización en un sentido “renovable” o de menos emisión de contaminantes, con el fin de tener bajos costos y de acceso a todas las economías.
“La nueva política no es un acto administrativo de carácter general, sólo es una directriz técnica de cómo debe ser un proyecto en el mercado mexicano, aquella que los reguladores energéticos deberán seguir y sujetarse para cumplir con los ejes de política establecidos en la ley”, argumentó.
El pasado viernes, la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el SEN”, que contiene una serie de medidas que limitan la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, al igual que prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.
Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en conjunto con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, manifestó que dicho acuerdo es una “violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”, así como también se publicó sin respetar procesos legales y normativos, al igual que se ponen en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares.
Agregó que no sólo se discriminan a las energías renovables, sino que también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) puntualizó que el acuerdo de Sener representa un atentado contra el estado de Derecho, la libre competencia y los derechos de los consumidores.
Para la American Chamber México, dicho acuerdo tendrá un impacto negativo para el país porque favorece a las empresas del Estado a través de políticas que limitan la libre concurrencia de otros participantes en el mercado.
Frase:
“En México se tiene capacidad instalada para generar electricidad a través de energía renovable en 31”
Rocío Nahle, secretaria de Energía
LEG