Para acceder a un procedimiento de interrupción legal del embarazo, 441 mujeres han tenido que viajar de Guanajuato a la Ciudad de México, pues en la entidad está penalizada la práctica en el Código Penal.
Así lo expuso Paulina Urbieta Ramírez, integrante del Colectivo Verde Aquelarre, en un foro virtual con el fin de analizar las iniciativas para la interrupción legal del embarazo con legisladores y colectivos. La activista recordó que en la Ciudad de México y en Oaxaca ya es un derecho optar por esta vía.
Datos del Sistema de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, de abril de 2007 a septiembre de 2019, indican que 441 mujeres son procedentes del estado de Guanajuato, de un universo de 216 mil 755 procedimientos realizados.
“Es el número de las mujeres privilegiadas que han tenido la oportunidad de viajar para realizarse, de manera segura, el procedimiento (…) Nosotros como colectivo feminista y que acompañamos a las mujeres en sus abortos, les podemos decir que la realidad es más grande de los números que se dicen”, expuso.
Urbieta Ramírez dijo que en Guanajuato únicamente están despenalizadas dos causales de aborto que es por violación y el aborto involuntario, esto significa que el sistema de justicia lleva muchos años juzgando y procesando mujeres por decidir sobre su cuerpo.
Del 2015 al 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 131 mujeres fueron denunciadas por interrumpir su embarazo, mientras que las cifras del personal médico, que en este momento cumple una sentencia por este delito, es incierta.
La miembro del Colectivo Verde Aquelarre aseguró que como legisladores tienen que garantizarle a las mujeres otras demandas de justicia para Guanajuato, pues se tiene el índice de impunidad más alto en feminicidios y desapariciones de mujeres.
“En eso deben de estar dirigiendo sus esfuerzos, y no en encarcelar mujeres por el simple hecho de abortar”, expresaron mujeres.
Por su parte Jimena Soria, miembro del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) expuso que Guanajuato se encuentra en el quinto lugar sin modificar, desde su legislación, para que las instituciones de Salud den acceso al procedimiento como un derecho.
Advirtió que en Guanajuato llama la atención que, de diciembre de 2012 a octubre de 2017, únicamente hay cinco registros desde las instituciones de Salud, un dato que ayuda a visibilizar que en realidad, el acceso es precario o casi nulo.
MGL