Sin responder las preguntas planteadas por los senadores integrantes de la Comisión de Energía, el titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, presentó los argumentos por los cuales el Gobierno decidió suspender las pruebas preoperativas de 17 centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial.
Las preguntas técnicas de la panista Xóchitl Gálvez, sobre cuál es la verdadera caída de la demanda eléctrica, y del senador del Partido Verde, Carlos Bolaños, respecto a si dicha baja se reflejará en el incremento de las tarifas a los consumidores y cómo enfrentará México sus compromisos internacionales sobre energías limpias; quedaron en el aire, pues la reunión virtual concluyó con el compromiso de que los cuestionamientos serían respondidos por correo electrónico.
El titular del Cenace aseguró que el acuerdo del Gobierno federal no es para “fastidiar o (que) alguien quiere fastidiar a la inversión, simplemente es por la situación de emergencia donde tiene prioridad la salud y la vida humana que cualquier otra cosa”.
En su la explicación técnica, el director de operación y planeación del Sistema Eléctrico Nacional, Gustavo Villa, refirió que el acuerdo retrasó la puesta en marcha de 17 centrales eólicas y fotovoltaicas, que estaban en proceso de realizar las pruebas críticas necesarias para ingresar al sistema.
Dichos proyectos representan una capacidad de generación de 2 mil 326 megawatts, equivalente a 24% de la energía eólica y solar que actualmente se comercializa en el país. Y nueve de los 17 proyectos que se suspendieron por tiempo indefinido, fueron otorgados en la tercera subasta de largo plazo.
El senador panista, Julen Rementería, advirtió a Morcos Flores que él también tendrá responsabilidad jurídica cuando se pida cuentas en los tribunales de las medidas tomadas, pues independientemente de las razones, “no se respetó la Constitución”.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación fue cuestionado por la Embajada de Canadá, la representación de la Unión Europea, empresarios y la oposición, quienes coincidieron que es una decisión que viola la ley y el Estado de Derecho.
Al respecto, la Secretaría de Energía explicó en un comunicado que “la disminución de la demanda durante la contingencia por Covid-19 profundizó el desbalance preexistente entre la capacidad de generación eléctrica y la demanda, comprometiendo la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico en un momento en que se necesita garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud”.
… Y otorgan otras 3 suspensiones
Por: Diana Benítez
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió tres suspensiones provisionales más contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitido en abril para frenar la entrada de nuevas energías limpias.
Además, se concedió la entrada a cinco demandas de amparo más de empresas energéticas, que se reservan el anonimato, también contra el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”.
El lunes pasado, el juzgador concedió las primeras suspensiones en amparos promovidos por la empresa española FV Mexsolar XI y otra que pidió reserva de datos.
Entre las empresas amparadas está Dolores Wind S.A. de C.V., filial en México de Enel Green Power; obtuvo la suspensión provisional para operar el parque eólico Dolores, en Nuevo León, donde se han invertido 280 millones de dólares.
Con las suspensiones provisionales, el juez Rodrigo de la Peza López Figuero determinó que “no se debe restringir la generación de energía eléctrica de las centrales siempre y cuando cuenten con los permisos para ello y su actividad se realice conforme a la normatividad”.
Las sociedades argumentaron en el amparo que se les excluirá injustificadamente del mercado eléctrico, el gobierno genera un agravio a la inversión privada, la decisión del gobierno no es una medida “tendiente a combatir una epidemia.
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltáica cuestionó el que éste se dé bajo el argumento de una epidemia que es temporal pero “el acuerdo publicado tendrá consecuencias permanentes que impactarán el ambiente para la inversión nacional y extranjera, así como para la continuidad de proyectos importantes en el SEN al no haber certeza para el retorno de sus inversiones”.
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