Las nuevas reglas establecidas en México para proyectos de energía renovable son negativas para el perfil crediticio del país, además de que generan incertidumbre sobre las inversiones en el sector, y ponen en riesgo las finanzas y deuda públicas, coincidieron agencias calificadoras.
De acuerdo con la firma Moody’s, los recientes acuerdos establecidos por la Secretaría de Energía (Sener) limitarán la distribución de proyectos energéticos renovables, al mismo tiempo que retrasarán la generación de ingresos para proyectos privados, agregarán incertidumbre sobre la inversión futura y la capacidad de México para alcanzar los objetivos de energía limpia.
Añadió que el impacto neto de los cambios en las reglas es incierto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque la generación de electricidad se realizará con la infraestructura más antigua, por lo cual, al tener plantas menos eficientes, se conducirá a un aumento de los costos relacionados con el combustible.
“Los ajustes de tarifas tienen un retraso de 12 meses para reflejar los aumentos de costos. Sin embargo, una vez que la demanda comience a crecer nuevamente, esperamos que la CFE venda más energía”, señaló en un reporte.
Detalló que con esta nueva política aumentará el uso de combustibles en 2.5%, en línea con la necesidad de que las plantas de la CFE adquieran otros productos como el diésel y el combustóleo. Además, expuso que esto podría respaldar el negocio de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que la CFE comprará combustible solo para generación.
Por separado, la agencia HR Ratings comentó que dicho conflicto afectará a las finanzas públicas y la deuda del país, toda vez que se afecte a la inversión y sin ella no se genere un crecimiento económico en los próximos meses.
Según Félix Boni, director general de análisis de la agencia, los constantes conflictos entre el Gobierno federal y la iniciativa privada no favorecen el ambiente para las inversiones de largo plazo.
Recordó que entre las problemáticas destaca la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los proyectos derivados de la reforma energética, la negociación de la CFE en materia de gasoductos, las propuestas relacionadas con las afores, entre otras.
A decir de Boni, el sector privado tiene un papel importante para estimular la actividad económica y ayudar a su reactivación luego de la pandemia del coronavirus.
En tanto, la Confederación de Cámara Industriales (Concamin) celebró que “nadie esté por encima del la ley” y se haya otorgado la suspensión provisional contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del pasado 29 de abril, que impedía la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional (SNE).
No obstante, el organismo lamentó que la Sener y la CFE hayan causado incertidumbre no solo entre los participantes del sector eléctrico, sino en posibles inversores nacionales y extranjeros.
Empresarios europeos rechazan la medida
La Asociación Mexicana de la Cámaras de Comercio e Industria de Países Europeos (Eurocam) también mostró preocupación sobre las consecuencias que tendrá el cambio a las reglas en el sector energético, pues opinaron que causará un grave daño a la confianza de inversionistas de todas las industrias y podría ahuyentar la llegada de nuevos capitales extranjeros al país.
En una carta dirigida a Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía (SE), el organismo empresarial externó su rechazo ante las modificaciones planteadas por la Secretaría de Energía (Sener) que atentan contra empresas de energía renovable y la producción de fuentes limpias en el país.
“Los empresarios europeos han registrado con asombro la decisión que tomó el Gobierno mexicano de frenar el aprovechamiento de las energías renovables en el país. Cambiar las reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley causa un grave daño a la confianza de los inversionistas, no sólo en dicha industria, sino de forma transversal en los demás sectores”, indicó.
Agregó que un creciente número de inversionistas europeos ve mermada la confianza en México debido a la ausencia de seguridad jurídica.
LEG