Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), defendió ante senadores el decreto promulgado por el presidente de la República para que las Fuerzas Armadas participen hasta marzo de 2024 en tareas de seguridad pública.
Aclaró, ante la Junta de Coordinación Política y una veintena más de legisladores, que no implica la militarización del país, ni un cambio en la estrategia del gobierno en materia de seguridad pública y si regula la actuación del Ejército y la Marina en estas acciones.
“No implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. (…) El acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública, al contrario limita las facultades que de manera general le otorga el artículo quinto transitorio, (…) que de acuerdo con la Constitución implicaría todas aquellas labores de prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. (…) Que el acuerdo permite al Ejército ejercer, únicamente, doce de las facultades que tiene la Guardia Nacional”.
Durante el encuentro virtual del cual sólo fue pública su primera intervención, Durazo Montaño, afirmó que el decreto respeta las recomendaciones de la comisión interamericana de derechos humanos y acota en lugar de dar mayores facultades a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El secretario de Seguridad Publica federal, también, explico a los senadores que lejos de pretender una militarización del país, como se ha argumentado a raíz de este decreto, se ha venido reduciendo la presencia de elementos castrenses en estas tareas.
Explico, que luego de 2 graduaciones de la academia de la guardia nacional, hay 6 mil nuevos elementos que han sustituido a igual numero de soldaos y marinos en las tareas de vigilancia y seguridad de las calles, lo que desmiente totalmente el argumento de la llamada militarización.
ica