El Ministerio Público guatemalteco inició una investigación al interior del Ministerio de Salud tras haber recibido información sobre la contratación de plazas fantasmas en la dependencia, así como de personal sin el perfil académico requerido para ejercer su cargo.
Según informó la Comisión de Salud, hay 15 guatemaltecos contratados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), quienes cobran miles de quetzales sin contar con la formación para desempeñar un cargo en el sector salud.
El ministro de Salud, Hugo Monroy, también admitió la existencia de dichas plazas e informó que ya se iniciaron las investigaciones en coordinación con la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Monroy negó conocer a los funcionarios de la lista señalada.
El Ministerio Público también denunció problemas relacionados con la administración de los recursos destinados a la atención de la emergencia. Según reportes oficiales, sólo el dos por ciento de los mil 164 millones de quetzales asignados a combatir la pandemia se han utilizado adecuadamente.
Las inconformidades con el sistema de salud de Guatemala crecen conforme se han presentado denuncias por la saturación del sistema hospitalario. Además, miembros del personal médico de hospitales habilitados para el tratamiento de coronavirus han renunciado porque no les han pagado en dos meses.
Desde la semana pasada, los hospitales de Parque de la Industria y de Villa Nueva, dedicados al tratamiento de pacientes con Covid-19, informaron que carecían de suficiente equipo de protección personal, así como la falta de suficiente recurso humano para operar.
De igual forma, el Laboratorio Nacional de Guatemala informó que se ha retrasado en la entrega de resultados de las pruebas de Covid-19 porque se carece de infraestructura y recursos. Según denunció la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), los hospitales están recibiendo la información hasta una semana después.
Ante la saturación de los servicios de salud, la PDH ha reiterado sus recomendaciones dirigidas a las autoridades sanitarias. Por un lado, ha solicitado al gobierno una asignación presupuestaria específica para la implementación de los servicios necesarios para la detección y el tratamiento de Covid-19.
AR