Desde la génesis del Proyecto Alternativo de Nación encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la separación entre el poder político y el económico ha sido uno de los pilares fundacionales. Esta simbiosis ha sido casi inevitable en todos los países que han transitado hacia democracias realmente funcionales en donde las clases propietarias del capital eran también las que tenían mayor influencia política dentro de los Estados.
En el caso de México esta unión se fraguó durante siglos y fue en los tiempos de la Revolución cuando, en lugar de transitar hacia una sana separación, el poderío económico y político se fundió en una sola clase que durante más de setenta años controlaría el rumbo de las políticas nacionales, limitando el número de personas que se beneficiaban y aumentando la base de quienes poco a poco iban quedando en la marginación.
Después de la Revolución, la clase militar triunfante empezó a conformar la clase económicamente dominante, a través del control político que el movimiento armado les otorgó. El campesinado que había acompañado la lucha y que, de cierta manera, fue la fuerza necesaria para poder derrocar primero a Díaz y luego a Huerta no encontró en ninguno de los líderes triunfantes una verdadera representación.
Lo mismo empezó a suceder con los grupos que cada vez iban exigiendo mejores derechos laborales o mayores libertades sociales, esperando que finalmente surgiera un liderazgo que cumpliera las muy necesarias promesas de cambio, que pusiera fin a la unión del poder económico y el político que por tanto tiempo había tenido secuestrado al país. Ése fue el liderazgo que millones de mexicanas y mexicanos encontraron en Andrés Manuel López Obrador y en el proyecto de la Cuarta Transformación.
A diferencia de las transformaciones pasadas, en esta ocasión la voluntad y el compromiso moral con quienes llevaron al poder al movimiento no se dejarán de lado al encontrar dificultades para lograr el cambio de régimen, sino que se realizan esfuerzos y se profundizan acciones para superar los retos, de acuerdo con los objetivos primordiales del proyecto. Prueba de ello es el aumento de la recaudación tributaria en plena pandemia por Covid-19.
Durante años, el erario mexicano y, por lo tanto, cada una de las mexicanas y los mexicanos, se vieron afectados por la ejecución de estrategias fiscales fraguadas en contubernio entre algunos actores privados con autoridades del pasado, que permitían a unas cuantas empresas evadir sus responsabilidades, disminuyendo los ingresos del Estado.
Ahora, la voluntad moral del Presidente de la República no deja espacio para que esto suceda, mucho menos en tiempos difíciles como los actuales, en los que poco a poco las empresas empiezan a unirse a la nueva realidad del país.
El caso de Walmart, empresa que liquidó una deuda de aproximadamente 8 mil millones de pesos con el erario mexicano, es un claro ejemplo de la transición hacia un Estado en el que los asuntos económicos y políticos se complementan; en el que la coordinación entre sectores es necesaria para que el país avance hacia un orden cuyo bien común sea el objetivo central de las políticas que se diseñen e implementen, al no dejar de lado las causas originales que dotan al proyecto de legitimidad democrática a través de terminar con la simbiosis entre el poder político y el poder económico.
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