El Gobierno de la 4T no ha perdido el apetito por el Instituto Nacional Electoral (INE).

No solo les redujo el presupuesto, pretende que la Cámara de Diputados sea la encargada de designar cada tres años a su presidente, reducir el periodo y el número de consejeros, sino que ahora quiere también ¡certificar la calidad de las elecciones!

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial, el 22 de mayo, la consulta pública de la Norma Mexicana de Organización de Elecciones -PROY-NMX-CC-9001-INMC-2015- con la que se busca medir la capacidad de los organismos electorales y la calidad de las elecciones.

La norma establece que los organismos electorales, locales y nacional, deben demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, los cuales deben proporcionar resultados confiables, transparentes, libres y justos.

Y aunque la Secretaría de Economía rechazó ayer que se tratara de una interferencia en las atribuciones del INE -y de pasó se lavó las manos pues dijo que proyecto de norma fue hecho y emitido por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)-, sí hay un intento de intervención.

El hecho de que se pretenda calificar o “medir’’ su eficiencia y calidad en la realización de elecciones ya es una invasión a sus facultades.

El INE no es una empresa privada sino un organismo autónomo que debe estar ajeno a esta norma, claramente diseñada para contravertir los resultados electorales en caso de que no se ajusten a los parámetros de la citada norma.

Hasta ahora, el INE ha sido, junto con algunas decisiones del Poder Judicial, el contrapeso de las decisiones y ocurrencias de algunos miembros del gabinete y legisladores urgidos de reconocimiento.

Seguro su marco jurídico es susceptible de mejoría, pero no será buscando debilitarlo como pueda garantizarse su autonomía.

Y, desde luego, nadie cree que la norma haya sido propuesta por el IMNC inocentemente.

Por favor.

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Otraaaaaaaa de la Secretaría de Gobernación, mejor dicho, de su titular Olga Sánchez Cordero.

El martes, en conferencia virtual con los 32 gobernadores de los estados, la secretaria de Gobernación dijo que el famoso semáforo con el que se avanzaría o no en la apertura de las actividades económicas, a partir del lunes próximo, sería federal porque si no no habría coordinación.

Los gobernadores, a quien se les había dicho hace dos semanas que el cambio del semáforo sería atribución de ellos, protestaron.

Y ayer la secretaria Sánchez reculó otraaaaa vez para decir que siempre sí, los estados serán los responsables del mentado semáforo, que será regional, lo cual tiene sentido.

Ni hablar.

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A partir del próximo 1º de junio, una vez que se restablezcan las actividades en el Gobierno federal y en los juzgados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revisará exhaustivamente las finanzas de Altos Hornos de México (AHMSA) para conocer si ésta última ocultó al público inversionista, a los accionistas y tenedores de valores la totalidad de sus deudas y demás información financiera relevante.

A petición de la consultora POP Research, las autoridades deberán estudiar si la omisión de AHMSA de reportar de forma fehaciente sus estados financieros y haber ocultado la totalidad de sus deudas, constituye delito.

Tan solo a la empresa POP Research se le adeudan 167 millones de pesos por diversos estudios solicitados que no fueron incluidos en los reportes entregados a las autoridades.

La empresa ratificó una denuncia de hechos, presentada por el abogado Xavier Olea, solicitando el aseguramiento de las cuentas bancarias de AHMSA para garantizar el adeudo de 167 millones de pesos.

LEG