Después de la crisis de la pandemia habrá pobres más pobres, pero habrá ricos más ricos.
La voracidad de algunos empresarios se hace evidente en tiempos de crisis, que ellos aprovechan para aumentar ganancias y dejar a la competencia fuera. Aunque esa competencia sea mínima, ellos quieren el monopolio del mercado.
Es el caso de algunos que quieren gravar fiscalmente a las tiendas de abarrotes con el objetivo de que desaparezcan. Lo mismo han dicho otros grupos de empresarios sobre los mercados y los tianguis. De hecho, tanto mercado quemado a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos meses deja mucho que pensar.
A principios de marzo llegó a las oficinas del SAT una propuesta para fiscalizar y regularizar las tiendas de abarrotes de todo el país, a casi 1 millón de micronegocios que pertenecen al subsector del comercio al menudeo dedicado a la venta de alimentos y bebidas. El argumento radicaba en que no pagan impuestos, cuando en realidad la mayoría de las tiendas de abarrotes tienen una cuota fija con Hacienda.
Desaparecer tiendas de abarrotes, mercados y supermercados les daría a las grandes cadenas de supermercados una ganancia superior y, sobe todo, la posibilidad de imponer los precios que ellos quieran.
La idea de gravar con mayor rigor a las tiendas de abarrotes provino de la Coca Cola, y otras empresas de las muy dañinas aguas carbonatadas, es decir, refrescos o sodas, para quienes, desde su perspectiva, el erario captaría 50 mil millones de pesos. Pero no hablaron de las grandes empresas que no pagan nada de impuestos desde hace muchos años y que fueron protegidos por regímenes anteriores.
Ya hemos dado el nombre de algunas, pero van otros más como Bimbo, Cemex, Televisa, TV Azteca, Coppel, Coca Cola, Kimberly, Bachoco, Grupo Carso, Liverpool, Elektra, entre otras muchas.
La respuesta de la población ha sido importante, asiste a las tiendas, va a los tianguis que son herencia de nuestros antepasados y sigue consumiendo en los mercados públicos, que no dejan de tener público, aunque muchas veces mermado por la presencia de los supermercados que se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las tiendas de abarrotes emplean a más de 1.9 millones de personas, 26.1% del total de los trabajos que ofrece el sector comercio del país, y sólo 10% se consideran negocios formales. Un estudio del Inegi establece que mientras las tiendas de abarrotes sólo crecieron 1.5% en el periodo 2008-2013, los minisupermercados, con OXXO a la cabeza, tuvieron un incremento de 84% y casi alcanzan los 52 mil millones de pesos para su producción bruta total, el valor de todos sus bienes y servicios hasta 2013.
Mientras esto sucede, el gobierno federal convoca a un pequeño grupo de 15 empresarios que debe más de 50 mil millones de pesos en impuestos. Las tiendas de abarrotes es uno de los rubros que más empleos genera no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país.
Desde luego no es la primera vez que los empresarios, incluso gobiernos anteriores han tratado de cobrar impuestos a estos comercios; sin embargo, la conclusión al final es la misma, sale más caro el proceso de operación y el tiempo de operación que lo que puede recaudarse efectivamente.
Casualmente los empresarios que exigen que las tiendas de abarrotes paguen más impuestos, que desaparezcan los mercados y los tianguis, son aquellos que se crearon y fortalecieron a la sombra de regímenes políticos anteriores, consentidos de los sistemas, cómplices en la evasión de impuestos y son, al mismo tiempo, enemigos declarados de las clases populares.
Muchas de las tiendas de abarrotes tienen una lista de fiado, donde todavía algunos vecinos de confianza pueden pedir alimentos y son anotados en la lista en una deuda que crece mucho y se abona poco. La dimensión de la función social de las tiendas de abarrotes es muy grande, está extendida a lo largo y ancho del país. Y tiene, en sus prácticas diarias una gran dosis de solidaridad con sus clientes, la cual desconocen las grandes empresas, porque hasta la fecha no se sabe que haya un solo supermercado les fíe a sus clientes productos de primera necesidad.
La agresión de los grandes empresarios contra la clase popular, que es la mayoría de la población, sigue y crece. Ahora quieren combatir a los pobres que ellos mimos crearon y multiplicaron. Así, sólo exhiben su interés por tener más cada día, aunque sea sólo para competir con sus iguales. En su vida se acabarán el dinero que tienen y quieren más. PEGA Y CORRE. – El INE anuncia ser severo con las anomalías electorales, pero debemos recordar que el juez, en este caso los consejeros electorales, deben ser imparciales y todos ellos, los once consejeros, tienen un partido político en su corazón, sobre todo del PRI y del PAN. Así, el INE dijo que no escatimará en presentar cualquier recurso jurídico frente a un ente público o privado que quiera vulnerar el sistema electoral, pero ¿quién castiga al árbitro, quién lo supervisa, quién lo denuncia?.. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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