El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez señaló que en el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos.
“Antier tuve la oportunidad de platicarlo con @M_OlgaSCordero y @A_Encinas_R; nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad”, señaló Herrera en su cuenta de twitter.
Para @Hacienda_Mexico la #ciencia, la #educación superior pública, la #cultura y los derechos humanos son centrales para el #desarrollo del #país. Nos aseguraremos de que tengan los recursos suficientes independientemente del mecanismo presupuestal a través del cual operen.
— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 2, 2020
Esto luego que la CEAV informó que las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno federal frenarán sus actividades y con esto quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana.
Así como la Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos: Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
El martes pasado la CEAV indicó que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno, la institución resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento y que la mayoría de los servicios son subcontratados.
Además, gran parte del personal fue contratado desde el origen de la institución de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing, fue heredado por administraciones anteriores, también enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
La Comisión argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75% del gasto corriente que asciende a 139.4 millones de pesos.
En tanto sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos serán de 121.9 millones de pesos en lo que resta del año.
Esto sin considerar que el organismo tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos.
Así como de delitos; desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
PAL
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