Como indicios en cadena, actos de inseguridad en el país atrajeron la atención hacia gobernadores y alcaldes que se han negado a profesionalizar sus cuerpos locales de seguridad y culpan de sus problemas a la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana.
Desde el albañil asesinado por policías por no llevar cubrebocas en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, hasta el jefe policiaco de Colima que renunció por el secuestro y asesinato de siete policías locales, pasando por la grave acusación de LeBaron de que el jefe de policía de Janos, Chihuahua, habría participado en la masacre de su familia. Y por fuego cruzado, la herida al obispo Felipe Arizmendi en carreteras del Estado de México.
Parece que se han olvidado de que la Guardia Nacional nació con la exigencia de profesionalización de las policías locales. A lo largo de año y medio el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, ha señalado hasta el cansancio la falta de atención local a la seguridad, mientras, con altas y bajas, la consolidación de la Guardia Nacional es ya irreversible.
Gobernadores y alcaldes no han cumplido con el mandato de los tres párrafos Séptimo Transitorio de la reforma Constitucional de marzo de 2019: presentar en un plazo de 180 días (seis meses) de la fecha de decreto un diagnóstico y programa del “estado de fuerza y las capacidades institucionales” de sus cuerpos policiales, usar esa información para definir presupuesto de seguridad y la presentación a un año del decreto de un reporte a sus legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública de los avances.
Nada han hecho gobernadores y alcaldes, salvo quejarse de delitos que no corresponden al fuero federal de la Guardia Nacional, sino que son de estricta atención local. Es la hora en que no se tiene un diagnóstico certero del estado de la fuerza policiaca local, salvo por informaciones de sus irregularidades.
Inseguridades, represiones, incapacidad profesional y pretextos son los saldos en seguridad pública de alcaldes y gobernadores.
Zona Zero
- Guanajuato sigue sin control estatal y municipal de la inseguridad y el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sigue sin responder a sus ciudadanos. Ya comenzaron los granadazos de bandas delictivas. Y, a diario, muertos al por mayor. Sin acción local no puede haber acción federal.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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