Los diputados del PAN, encabezados por Marcela Torres, informaron que interpusieron ante el INE, una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, por la distribución de un documento atribuido al BOA (Bloque Opositor Amplio), grupo supuestamente contrario al gobierno federal y en el que señalan al PAN, como parte del mismo, violando con esta medida, el artículo 134.
“Es evidente la violación al artículo 134, lo anterior en virtud de que las estrategias de los partidos políticos, independientemente de la veracidad del documento presentado, no deben ser motivo de la propaganda gubernamental, a favor o en contra”, dijo la legisladora panista.
Acción Nacional consideró que López Obrador “está actuando de manera parcial a favor de su partido y proyecto de gobierno, pues busca incidir en la Opinión Pública a través de una estrategia que genere empatía en el electorado, al ver confabulado una estrategia de la oposición para dañarlo”.
En la queja que fue entregada en las Oficinas del INE y en donde la titular de la misma fue Marcela Torres, en su carácter de diputada federal de Acción Nacional, se anexaron pruebas de los dichos y descalificaciones constantes del Presidente. Ante ello, se pidió sancionar, conforme a derecho corresponda, la violación del artículo 134 Constitucional, por parte del Presidente de México y el Vocero del Gobierno de la República.
Los legisladores del PAN destacaron las constantes descalificaciones a los líderes de los partidos políticos con comentarios que están encaminados a llamar a favor del voto, violando también el principio de imparcialidad y utilizando recursos públicos y propaganda gubernamental para hacer resonarlos. La equidad de las contiendas electorales se encuentra en riesgo, ante la reiterada violación del artículo 134 Constitucional.
Marcela Torres argumentó que la causa de la presente queja consiste en que, sin importar la veracidad o procedencia del documento, los dichos y las acciones del Presidente influirán determinantemente en las elecciones del próximo año, violentando tanto el principio de imparcialidad como las directivas constitucionales que debe seguir toda propaganda gubernamental.
“El orden jurídico electoral no es de cumplimiento voluntario, sino de carácter obligatorio y su incumplimiento debe traer consigo consecuencias jurídicas que deben ser aplicadas por parte de las autoridades Electorales”. Sin embargo, México es Estado Constitucional Democrático de Derecho, el cual cuenta con un entramado jurídico que enarbola diversos principios, entre los cuales destacan los electorales. La definición de estos principios y su respeto por parte de las instituciones y los actores políticos de nuestro país tienen, entre otros fines, el de garantizar que las contiendas sean equitativas”, destaca la denuncia.
TFA