Lorena Piñón Rivera, Secretaria de Gestión Social del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que a casi tres meses que del inicio formal de los comicios del 2021 en México, la violencia política de género sigue cobrando víctimas, ante un gobierno federal indolente y arcaico, que sólo polariza a la sociedad.

 

En el marco de la videoconferencia “Violencia Política de Género”, en la que dialogó con la regidora de Chiapas, Adriana Guillén Hernández, quien es víctima de dicha violencia, Piñón Rivera expuso que el gobierno federal ha hecho caso omiso a los reclamos de las mujeres mexicanas y ha solapado a quienes han ejercido desde el poder la violencia política de género.

 

Dijo que en el caso de la agresión a Adriana Guillén Hernández, Regidora de la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, se le han violentado sus derechos por denunciar actos de corrupción en el municipio, encabezado por Carlos Orsoe Morales Vázquez.

 

Explicó que hasta hace dos meses, en el país no existía un marco legal uniforme que se ocupara de la problemática de la violencia política de género, por lo que los tribunales electorales crearon diversos criterios jurisprudenciales en la materia, lo cual implica algunas limitantes, que han restringido su eficacia. Incluso, destacó que en el ámbito penal, hasta el año pasado no había un solo asunto sobre violencia política que se hubiera resuelto a favor de la víctima.

 

Informó que en abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre el tema, que comprende adecuaciones a diversas leyes en México, con un impacto significativo en la vida político-electoral, particularmente en los procesos electorales por venir.

 

Por su parte, al referirse al ataque cobarde en su contra, la Regidora Adriana Guillén Hernández afirmó: “No bajaré la guardia ni la voz para denunciar los abusos de los colaboradores del gobierno de la 4T”, y dio a conocer que interpuso una denuncia de hechos en contra quien resulte responsable, por el delito de violencia política de género ante la Fiscalía Especializada de la Protección de los Derechos de las Mujeres, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 

Anticipó que, aunque no está tipificado este delito en el estado, presentará su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y confió que se le dé seguimiento y se castigue a los responsables.

 

Advirtió que “todo acto de violencia en contra de la mujer es inaceptable y reprobable. Y ningún abuso debe quedar impune”.

 

Informó que ha sido víctima de ataques en redes sociales, los cuales provienen de cuentas falsas que actuaron presuntamente por órdenes del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, quien por cierto, dijo, cuenta con más del 60 por ciento de desaprobación en el ejercicio de su gobierno.

 

Aseveró que, pese a todo, “no van a silenciar mi voz en el cabildo y redoblaré mi compromiso por ser una oposición crítica y responsable, que defiende en todo momento los intereses de los habitantes de la capital. No seré omisa ante actos de corrupción”.

 

Expuso que “la violencia política contra las mujeres se convierte en un delito electoral, cuando se afecta el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, se publiquen o divulguen imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública y que menoscabe el ejercicio de sus derechos. Esta lucha no es sólo por mí, sino por todas, porque ninguna mujer merece ser vulnerada en su derecho a alzar la voz”.

 

 

CS