El electrolinazo impuesto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de más de 800% en los cargos de transmisión y distribución de electricidad conocidos como porteo, equivale a casi 300 veces la inflación actual anualizada. Esto representa el incremento individual más grande de costos de transmisión del que haya registro. Como resultado, el costo de transmisión para energías renovables bajo el modelo de autoabastecimiento es ahora el más caro de todas las tarifas de transmisión de la que haya registro en México.
La medida adoptada por la CFE viola, cuando menos, un par de promesas presidenciales.
En repetidas ocasiones, el presidente López Obrador comprometió que su gobierno respetaría los contratos energéticos. Sin embargo, esta medida quebranta los contratos de interconexión celebrados por las sociedades de autoabastecimiento con la CFE, pues atropella la metodología ahí establecida para hacer cambios en las tarifas de porteo.
En repetidas ocasiones, el presidente López Obrador comprometió que los costos de la electricidad no incrementarían más allá de la inflación. Sin embargo, esta medida incrementa los costos del porteo por más de 300 veces la inflación.
Por su forma y fondo, la medida adoptada por la CFE también viola las leyes mexicanas, ignora lo establecido en tratados internacionales y atropella los contratos de interconexión.
Entre los ordenamientos mexicanos transgredidos destacan la Ley Federal de Mejora Regulatoria, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Federal de Competencia Económica. Es importante destacar que el autoabastecimiento, como modelo de contratación delimitado por las leyes mexicanas, es reconocido por tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los contratos de interconexión celebrados entre la CFE y las sociedades de autoabasto, por su parte, establecen tanto los cargos de transmisión aplicables como sus métodos de actualización. Esta medida ignoró por completo tanto los parámetros como la metodología de actualización. Por lo tanto, quebranta las provisiones contractuales.
El “electrolinazo” es el nuevo ataque al Estado de Derecho y desprecio a la ley por parte de autoridades del sector energético en los últimos meses. Otros hitos de esta ruta incluyen la alteración de los Certificados de Energía Limpia y la instrucción/emisión de un acuerdo y una política “de confiabilidad”, por parte de la Secretaría de Energía. Todos ellos han sido suspendidos definitivamente por jueces federales.
Estas medidas lastiman la competencia, la productividad y el empleo. Siendo la electricidad un insumo tan importante para la industria y el comercio del país, también representan una innecesaria afrenta a los consumidores mexicanos, que serán los afectados en última instancia.
DAMG