No es fácil la relación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las entidades federativas gobernadas por la oposición. Sobre todo, cuando el propio jefe del Ejecutivo cree que le menosprecian la investidura presidencial cada vez que exigen sus derechos.
Queda claro que, para el actual Presidente, un sinónimo de respeto es que le digan sí a todo lo que quiera y lo que diga. Si alguien piensa diferente, es conservador, corrupto o de plano ningunea la investidura presidencial.
Con los gobernadores, presidentes municipales, legisladores o funcionarios de su propio partido no tiene ese problema, porque la obediencia es total, automática y sin peros. Por ejemplo, si un día el semáforo epidemiológico de una ciudad como la de México está en rojo, pero ese día el Presidente cree que no hay que tener miedo a salir, sin problema le bajan a naranja la bandera de advertencia.
Y en la oposición también hay matices. No hay opositores más dóciles que los priistas, que sí parecen más intimidados cuando les echan la carrocería presidencial por delante.
Pero los del PAN son más firmes en la defensa de los intereses de sus Estados y también de sus colores partidistas. Desde su trinchera, lanzan mensajes fuertes, pero que hoy no están tan lejos del sentido común, como ese de que la República padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia.
Y si bien este grupo de gobernadores hace propuestas como establecer un nuevo pacto fiscal, hasta ahora solo uno le ha puesto el cascabel al gato.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya presentó de hecho al Congreso estatal una iniciativa para cobrar impuestos a las empresas que contaminen por el uso de combustóleo.
Claramente dirigido a la Comisión Federal de Electricidad, en respuesta a la intentona de esta compañía dirigida por Manuel Bartlett de descarrilar a las empresas generadoras de energías limpias, algo que afecta de manera muy importante a Tamaulipas.
Así, la iniciativa del gobernador García Cabeza de Vaca claramente da un siguiente paso en la relación fiscal con una entidad dependiente del Gobierno federal, como la CFE. Es una facultad local aplicar un impuesto de ese tipo y no va en contra de la investidura presidencial.
Como antecedente, la propia Ciudad de México, en manos de la izquierda por décadas, aplicó un impuesto adicional a las gasolinas argumentando razones ecológicas.
Además de que los Estados tienen la facultad de aplicar hasta 18 impuestos locales. Sin embargo, estas entidades solo generaban, hasta antes de la pandemia, el 12% de sus ingresos.
Esta iniciativa tamaulipeca es, al mismo tiempo, una manera de abrir la Caja de Pandora de las contribuciones locales. Hasta hoy son pocos los estados que se han atrevido a usar esas facultades fiscales, porque siempre había sido más fácil vivir de las participaciones federales.
Así que la iniciativa del Gobierno tamaulipeco es una valiente muestra de la autonomía de uno de los Estados de la República. Pero puede destapar un tema al que muchas entidades simplemente no le quieren entrar: al cobro de impuestos locales para aumentar sus recursos disponibles.
@campossuarez