El líder indígena Antonio Montes Enríquez fue asesinado días antes de iniciar una protesta en las instalaciones del aeropuerto de Creel el 6 de junio en la salida del poblado. Activistas y su asesora legal, Mónica Gretel Ruiz señalan que fue crimen de Estado debido a que planeaba una manifestación.
La intención de la manifestación era acusar el mal uso de un fideicomiso creado en 2016 que daría una indemnización a los pobladores por no consultarlos sobre la obra que comenzó en la administración de Javier Duarte quien enfrenta al menos 21 órdenes por delitos de peculado.
Gretel Ruiz recordó que Antonio fue baleado a principios del año y también quemaron su vivienda. El líder indígena defendía a su comunidad de la tala ilegal y la construcción del aeropuerto.
“ (…) Al ser indemnizados por el gobierno con una suma de más de 60 millones de pesos, el comité técnico del fideicomiso bosques San Elías repechique hizo todas las argucias legales por años para que no pudieran acceder a dicho recurso”, dijo Ruíz Anchondo en entrevista al medio Raíchali.
La Fiscalía del estado de Chihuahua comenzó las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Antonio.
ica