Un nuevo amago presidencial se cierne sobre el INE.
Pero esta vez contiene dos ingredientes nuevos: el inminente inicio del proceso electoral del 2021, considerado el más grande en la historia democrática del país, y la caída de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿En que resume el coctel?
En una estrategia para ir descalificando, a un año de las próximas elecciones federales, al árbitro electoral.
López Obrador se lanzó nuevamente contra el INE acusándolo de “no hacer nada’’ para evitar el supuesto fraude en la elección presidencial del 2006 y de ser el organismo electoral “más caro del mundo’’.
Atrapado en el 2006 -y de hecho en todo el sexenio de Calderón-, López Obrador descalifica al INE -antes IFE-, que ha sido uno de los dos contrapesos que tiene su Gobierno; el otro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que también le ha puesto el ojo.
El 2006 es una historia que le genera urticaria a López Obrador; jamás ha podido documentar el fraude del que se dice fue objeto.
Convertirse en “guardián de la democracia’’ no es sino una amenaza a la autonomía del Instituto, que hasta ahora no se ha dejado vencer por el constante acecho de Morena desde el Gobierno y desde el Legislativo.
Poner en duda la credibilidad del INE, sin embargo, no es cosa nueva.
López Obrador lo hizo como candidato después del 2006 en cada evento en el que participaba.
El peligro radica en que entonces era candidato y hoy es el Jefe del Poder Ejecutivo, lo cual marca una gran diferencia.
No se exagera si se afirma que el INE es el único bastión de la sociedad ante la concentración del poder en un solo hombre.
Dejar que el INE pierda su autonomía o dejar que crezcan los cuestionamientos sobre su desempeño solo porque al Presidente no le gustan los resultados electorales, nos encamina a la dictadura.
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A punto de cumplir cuatro meses desde que se decretó la cuarentena -el 23 de marzo pasado-, en las conferencias del subsecretario Hugo López-Gatell se sigue explicando por qué no son necesarias las pruebas masivas y por qué no se recomienda el uso del cubrebocas.
Cuatro meses después.
Y mientras esas son las sesudas discusiones en cada conferencia, el número de muertos y contagios sigue aumentando exponencialmente.
Cierto es que la responsabilidad de cuidarse es individual, pero el Dr. López-Gatell debe reconocer en algún momento que su estrategia de comunicación tiene parte de la responsabilidad en los números de la pandemia.
Porque el Gobierno federal ha fracasado en comunicar: mientras el subsecretario ponía en marcha la estrategia de la distancia, el Presidente lo contradecía pública y ostensiblemente.
Después del primer día de junio los mensajes cruzados se han mantenido.
El subsecretario pidiendo quédate en casa y el Presidente haciendo giras, menospreciando el uso del cubrebrocas e incluso reprochando con la mirada a quienes lo usan en sus eventos.
Por eso los funcionarios se lo quitan.
Como sea, no sabemos cuántos contagios reales hay y ni siquiera hay certeza en el número de fallecidos.
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Parece que la pandemia le dio tiempo a la Cofece para reflexionar sobre la constitucionalidad o no de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía.
La “Ley Nahle’’, pues, que prohíbe el desarrollo de las energías limpias.
La Cofece interpuso una controversia constitucional.
A ver qué dice la Corte al respecto.
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