El 11 de mayo pasado, el Presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para militarizar la seguridad pública en nuestro país. Disposición que transgrede lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En febrero de 2019, el Congreso de la Unión aprobó una Guardia Nacional con corte civil que sirviera al Estado como instrumento para combatir los altos índices de delincuencia que existen en nuestro país. Y en los casos en que las fuerzas armadas permanentes fueran utilizadas en tareas de seguridad pública, su actuación sería de manera extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria, tal como lo demandan los organismos internacionales, pero que López Obrador no respeta en su acuerdo.
En su momento, se le solicitó a la CNDH interpusiera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra dicho acuerdo, ya que no se establecen las facultades ni marco de actuación que tendrán las fuerzas armadas. Ante dicha petición, el organismo garante de los derechos humanos dijo no.
Sin embargo, este fin de semana, la CNDH exhortó al Congreso de la Unión a emitir a la brevedad, la legislación secundaria que defina la manera en cómo se deberán disponer de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública, confirmando así que la regulación de dichas tareas debe establecerse en una ley y no sustituirse por un acuerdo mal hecho y obscuro.
Con responsabilidad y objetividad la diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, conforme a las facultades conferidas en su reglamento interior, interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial, ya que no existe certeza y es contrario a nuestro máximo ordenamiento legal.
La presentación de dicha controversia demuestra independencia y autonomía. Que la Corte decida.
@kenialopezr