Foto: Cuartoscuro/Archivo “Por otra parte, se tiene como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo Federal"  

Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a trámite la controversia constitucional del Gobierno de Michoacán contra el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo.

Éste, indica que las Fuerza Armadas desempeñan tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta marzo de 2024.

“Se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia”, refiere la notificación publicada en los estrados electrónicos de la SCJN.

La ministra notificó a la administración del gobernador perredista Silvano Aureoles, que la tramitación de promociones y consulta del expediente en el que quedó radicada la controversia constitucional, se puede realizar mediante el sistema electrónico o en línea conocido como FIREL.

“Por otra parte, se tiene como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo Federal, por lo que emplácesele con copia simple del escrito y el anexo para que presente su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles”, detalla.

Además, a fin de integrar debidamente el expediente, requiere al Ejecutivo para que, al dar contestación a la demanda, remita a este Alto Tribunal una copia certificada de todas las documentales relacionada con el acuerdo impugnado; así como un ejemplar donde conste la publicación del mismo, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.

“En otro orden de ideas, dese vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda”, destaca.
Ésta es la primera controversia que acepta la Corte contra el acuerdo y se han promovido tres recursos parecidos.

Uno de ellos fue por parte del municipio de Colima, y el otro fue por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas.

 

EFVE